La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en 1995 sobre reclamación de deudas comunitarias fue la primera y única iniciativa de este tipo que se ha convertido en ley, aunque no se aprobara como tal, sino subsumida en otra.
Este mecanismo, previsto en la Constitución, no está exento de obstáculos, pero podría coger impulso con los nuevos medios telemáticos -por ejemplo, la firma electrónica- y la movilización ciudadana; inadmisión y caducidad criban ya el 80% de las iniciativas populares. No obstante, solo el año pasado, coincidiendo con la aparición del 15-M y en plena crisis económica, se presentaron 13 ILP en el Congreso.
La normativa que regula las ILP es bastante estricta e impone barreras difíciles de superar, como el número de firmas exigido -más alto que el de otros países del entorno-, su exclusión para leyes orgánicas y, por tanto, para asuntos relacionados con las libertades públicas y los derechos fundamentales, y la resistencia del Congreso a tomarlas en consideración.
"Excesivos límites"
En los últimos 30 años se han presentado 66 ILP hasta el final de la IX legislatura. De ellas, 27 fueron admitidas, pero sólo nueve consiguieron salvar el límite que la ley prevé de avalarlas con 500.000 firmas, según el jurista Aitor Martínez, autor de un estudio para la Fundación Ideas.
De esas nueve, ocho llegaron al Congreso (cuatro de tema laboral, uno económico, uno sanitario, uno de familia y uno de educación), pero fueron rechazadas en la Cámara en el trámite de toma en consideración y solo una consiguió convertirse en ley. Aun así, la ILP de 1995 acabó por subsumirse en otra proposición no de ley, lo que finalmente dio lugar a la ley de 8/1999 que, a su vez, reformaba la Ley de Propiedad Horizontal.
Ante esos "excesivos" límites, sólo organizaciones potentes, como los sindicatos de clase, han conseguido superar los diferentes escalones del proceso, sobre todo a la hora de recoger firmas. De este modo, recuerda Martínez, cuatro de las nueve que superaron la toma en consideración en la Cámara Baja fueron promovidas por algún sindicato precisamente durante los gobiernos de José María Aznar.
Martínez vaticina que en tres o cuatro años va a haber un "bombardeo" de ILP debido, según su criterio, a la "cada vez mayor desafección" política de los ciudadanos, la "desconexión total" del representante y el representado y los "síntomas de agotamiento" del sistema político actual.
Normativa en Cataluña
El autor resalta como un avance en la evolución de las ILP la aprobación en 2006 en Cataluña de una normativa en esta materia que, según Martínez, ofrece las claves para la modificación de la actual normativa estatal.
Basándose en la norma catalana y para "acabar con el miedo histórico a la participación ciudadana", Martínez aboga por la ampliación a los mayores de 16 años (ahora la edad es de 18) para promover la iniciativa y por abrirla a los extranjeros con residencia legal.
También propone extenderla a las materias relacionadas con derechos y libertades fundamentales, aunque graduando el número de firmas en función de la "sensibilidad" de ese derecho, así como establecer un plazo de doce meses para la recogida de firmas y habilitar un sitio web del Congreso para poder presentarla.
Además, considera necesario que se sustituya el trámite de la toma en consideración por el de debate de totalidad, de tal manera que los promotores de la ILP pudieran defenderla e, incluso, llegar a retirarla si las enmiendas introducidas la desvirtúan.
Se trata, concluye el autor, de potenciar un modelo de ILP similar a la figura creada por la Comisión Europea, que ha abierto un novedoso portal web centralizado para recoger las propuestas y sus firmas.
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