En ese escrito, la Fiscalía pide las mismas penas para los ejecutivos del banco, en aquel momento, Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea.
Según la fiscalía, los acusados diseñaron y aprobaron un plan retributivo a los gestores de Banesto con la finalidad de omitir la tributación del ingreso a cuenta correspondiente por las retribuciones en especie.
Santander diseñó en 1994 un plan retributivo a los ejecutivos de Banesto vinculado al plan de saneamiento de la entidad. El banco dio por finalizado dicho saneamiento en 1998, momento en el que tributó por la entrega de acciones de Banesto a los directivos.
La fiscalía entiende que entre 1994 y 1997 se cometieron cuatro delitos de apropiación indebida, y en 1998 otro contra la Hacienda Pública, que deben ser castigados con seis años de prisión.
Un portavoz del banco reiteró que la entidad 'siempre ha actuado con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos, a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto tras su adquisición por Banco Santander'.
'El pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley y de forma más favorable para Hacienda que si se hubiera seguido el criterio manteniendo por la acusación', añadió.
/Por Juan Navarro/
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