En un escrito entregado al juzgado de instrucción número 3 de Santander, la Fiscalía pide las mismas penas para el resto de miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander que autorizó la entrega: Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea.
También extiende sus acusaciones al secretario del Consejo de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, y al director de Recursos Humanos, José María Espí, por haber actuado como cooperadores necesarios.
En su petición previa a la apertura de juicio oral, el Ministerio Fiscal ha pedido también al juez que imponga a cada uno de ellos una multa de 40 millones de euros, así como el pago de una indemnización conjunta por responsabilidad civil de 13,33 millones más los intereses de demora, de la que puede responder el Banco Santander.
El Ministerio Fiscal entiende que en este caso se da la circunstancia agravante de la "especial trascendencia y gravedad de la defraudación", aunque también el atenuante por la reparación del daño.
Penas de prisión y sanciones económicas
Según refleja en sus conclusiones provisionales, los acusados diseñaron y aprobaron el plan retributivo con la finalidad de omitir la tributación del ingreso a cuenta correspondiente por las retribuciones en especie otorgadas por el Santander a los directivos de Banesto.
Sus acusaciones mantienen también que los miembros de la Comisión Ejecutiva decidieron ocultar la existencia de esta operación a los organismos supervisores -Banco de España y Hacienda Pública-, así como al Consejo de Administración y a los propios accionistas del banco.
Por todo ello, el fiscal entiende que entre 1994 y 1997 cometieron cuatro delitos de apropiación indebida, y en 1998 otro contra la Hacienda Pública, que deben ser castigados con 6 años de prisión.
Alternativamente, la Fiscalía ofrece la posibilidad de que esa actuación sea constitutiva de un delito de apropiación indebida y cuatro delitos fiscales, lo que rebajaría la condena a 5 años de prisión; la multa a cada uno de ellos, a 3,54 millones de euros, y la responsabilidad civil, a 9,887 millones más intereses.
El origen del problema
Esta causa se inició a raíz de una querella del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, en la que se investiga si el Santander cometió un delito al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los 13 directivos que puso al frente de Banesto para que lo reflotaran.
Según las acusaciones, el Santander debería haber efectuado las retenciones en 1994, en el momento de entregar los 6,47 millones de acciones de Banesto a 400 pesetas -su valor nominal-, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas.
El Santander pagó los impuestos cuando en 1998 ejecutó de forma definitiva la cesión de las acciones, una vez que dio por alcanzados los objetivos exigidos a los directivos de Banesto para la entrega de los títulos.
La entidad bancaria defiende su inocencia
El banco defiende que "Siempre se ha actuado con total transparencia"
"El pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley y de forma más favorable para Hacienda que si se hubiera seguido el criterio manteniendo por la acusación", afirman en el banco y añaden que "se pagó el triple de lo que hubiera resultado siguiendo el criterio de Hacienda que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación".
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