Decía este pasado jueves Soraya Sáenz de Santamaría tras sus reuniones en Washington con Christine Lagarde —directora gerente del FMI— y Timothy Geithner —secretario del Tesoro estadounidense— que ambas reuniones estaban planificadas con antelación al torbellino financiero en el que se ha sumergido España en la última semana. "La agenda era anterior", insistía la vicepresidenta española a los medios presentes en la capital estadounidense.

Planificadas o no, la labor de comunicación del Gobierno español en estos últimos días está siendo más intensiva que de costumbre, de forma paralela al mayor derrumbe de confianza de los mercados hacia la situación financiera de España. La prima de riesgo de España ha alcanzado esta semana máximos históricos y ha cerrado los cinco días por encima de los 500 puntos, una magnitud en la que economías como la portuguesa, italiana y griega fueron rescatadas. Y el Ibex-35, además, ha cerrado la semana en un nivel desconocido (6.065 puntos) desde abril de 2003.

"Estos días se han convertido en una oportunidad para que quienes toman decisiones conozcan los importantes esfuerzos que el pueblo español está haciendo para salir de la crisis", explicaba en Washington una circunspecta Sáenz de Santamaría, tan incrédula como el resto del Ejecutivo de Rajoy en la desconfianza de los mercados hacia la capacidad española para financiar su economía, a pesar de los recortes y ajustes presupuestarios de los últimos meses.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió durante sus años de gestión haber evitado un rescate a España en una época donde, según reconoció a los sindicatos, "España estuvo al borde del abismo". Pero algunos analistas dudan que la economía española pueda sobrevivir más tiempo sin un rescate coordinado entre la Unión Europea y el FMI. Este jueves, el Wall Street Journal, citando fuentes del organismo financiero internacional, le puso cifra: 300.000 millones de euros.

La cantidad resulta de las estimaciones que dentro del propio FMI se estarían realizando sobre las necesidades durante tres años de la economía española para poder sobrevivir. Pero no es una cifra oficial. "Empezaremos a tener un mejor visión de la economía española desde el 4 de junio", explicaba una fuente del FMI. De momento, la propia Lagarde, tras reunirse con la vicepresidenta española en Estados Unidos, descartó que fueran a ayudar a España o que el Ejecutivo de Rajoy les haya pedido ayuda.

La Unión Europea tiene, sin embargo, dudas con España. Según The Financial Times, en Bruselas ha aumentado la desconfianza hacia el Ejecutivo español por su últimos movimientos. Especialmente por dos de ellos. El primero, que se decidiera fijar un objetivo de déficit por su cuenta —el 5,8% para finales de 2012— y que después comenzaran a aflorar partidas ocultas en algunas comunidades que empeoraron aún más el cierre presupuestario español en 2011 y la imagen del país.

Pero hay un segundo factor que ha preocupado en los círculos comunitarios, según estas fuentes citadas por el FT, que es el manejo de la crisis de Bankia. Según aseguraba este martes el rotativo británico, el plan diseñado por el Gobierno español para recapitalizar Bankia a través del rescate de su matriz BFA, fue rechazado por el Banco Central Europeo (BCE), que habría calificado como "inaceptable" que España pretendiese financiarlo con la "compra" de bonos soberanos por parte del organismo monetario comunitario.

Esta negativa del BCE fue categóricamente desmentida un día después por Luis de Guindos. "Haga más caso al Gobierno y menos al Financial Times", espetó el ministro de Economía a la oposición, cuando le preguntaban por la supuesta propuesta de financiación de un plan de rescate que se eleva a 19.000 millones de euros y que ha sido pactado por el Ministerio de Economía y el Banco de España.

¿Cómo se reflotará entonces a Bankia? ¿De dónde saldrá el dinero? Según el Gobierno, la ampliación de capital será suscrita por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que cuenta en la actualidad con una liquidez de unos 5.300 millones. Los 14.000 millones restantes que se necesitan para salvar a la entidad, serían recaudados en una subasta convencional de deuda. Eso sí, a un interés muchísimo más alto —y aquí entra en juego la elevada prima de riesgo— que el supuesto plan de inyección de liquidez que ponía al BCE como intermediario financiero.

El rescate a Bankia con fondos públicos no parece haber gustado a nadie. Ni a Bruselas. Ni a la oposición, que esta semana ha pedido una comisión de investigación parlamentaria. Ni tan siquiera al antiguo responsable de la entidad financiera, Rodrigo Rato. Este mismo viernes se ha conocido un documento que el expresidente de Bankia distribuyó entre los 20 consejeros de Caja Madrid, donde lamenta que se usen "fondos públicos" en el rescate de la entidad.

El sector financiero español en una delicada situación. La prima de riesgo en máximos históricos. La bolsa derrumbada a niveles de 2003. La desconfianza en España que, desde círculos comunitarios, se transmite de forma anónima a los medios pero alarma a los mercados. La preocupación al conocer que, hasta marzo, la fuga de capitales extranjeros se ha elevado hasta 97.000 millones de euros, una magnitud desconocida hasta la fecha y que servía para redondear una semana horribilis para la economía de España.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha recibido dos noticias positivas en estos cinco días. La primera, la mayor laxitud de Bruselas hacia el objetivo de déficit de España, permitiendo a España alargar hasta 2014 (un año más) el objetivo de déficit del 3% del PIB a cambio de que emprenda nuevas reformas y medidas de consolidación fiscal, especialmente en las comunidades autónomas. Y la segunda noticia optimista para el futuro, conocida este mismo viernes: el equilibrio presupuestario conseguido por las autonomías en el primer trimestre de 2012.

Y una luz al final del túnel. El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, recordaba este jueves que existen mecanismos de rescate para la banca, pero que pasaría por negociar "un programa de rescate de la economía española, aunque fuera muy focalizado sobre un sector concreto".

Pero la palabra "rescate", igual que fue confrontada por el Gobierno de Zapatero, también es considerada un tabú por el Ejecutivo de Rajoy, que desde evitar como su predecesor que aumente la desconfianza hacia el futuro económico español.