El Metro de Madrid ha vuelto sufrir un nuevo boicot, en protesta contra la subida de las tarifas del transporte público. En torno a las 8.30 un grupo de personas ha hecho saltar las alarmas de nueve trenes repartidos por varias líneas de la red, provocando un parón de varios minutos en la actividad del suburbano, según un comunicado del grupo detrás de la protesta.

La acción se ha producido cuando los trenes se encontraban parados en las estaciones y con las puertas abiertas, especifican. En concreto, ha afectado a nueve convoyes que estaban en las estaciones de Embajadores (Línea 3), El Carmen (L5), Argüelles (L6), Alvarado (L1), Sevilla (L2), Callao (L3), Colombia (L8), Sáinz de Baranda (L6) y Antón Martín (L1).

Fuentes de Metro de Madrid han confirmado que no se han producido detenciones. "Los autores han tirado del freno de emergencia y se han marchado. Ha tenido que salir el conductor de cada tren para volver a ponerlo en marcha, con el consiguiente retraso que eso provoca", explican.

Con esta iniciativa pretenden hacer público "que los ciudadanos de Madrid no aceptamos este tarifazo, que estamos decididos a actuar para pararlo, y que podemos hacerlo, porque podemos parar el metro", explican en su escrito.

También dicen que "no tienen miedo" de la "actitud represora" del Gobierno, que no duda en lanzar campañas dirigidas a amedrentar y atemorizar a los ciudadanos para que no emprendamos acciones de este tipo".

La protesta llega al día siguiente de que se conociese la propuesta del consejero de Transportes, Pablo Cavero: cerrar el metro una hora y media antes (a las 0.00 horas en lugar de a las 1.30 horas) de domingo a jueves como medida de ahorro.

Hace poco más de un mes, el 25 de abril, otra acción de activistas paralizó por espacio de entre 5 y 10 minutos la circulación de varias líneas de Metro de Madrid. El "sabotaje", como lo calificó el Ejecutivo autonómico, tuvo lugar en el intervalo que va entre las 8.20 y las 8.30 horas, la hora punta del transporte metropolitano en un día laborable.

En una acción coordinada, un grupo indeterminado de individuos accionó los frenos de emergencia. A continuación, y tras provocar el bloqueo de los convoyes, los activistas abandonaron los vagones y salieron de las estaciones como si nada hubiera ocurrido.

La acción reivindicativa pasó desapercibida para muchos de los usuarios afectados, unos 8.000 según Metro de Madrid. El hecho de que los trenes estuviesen detenidos o a punto de arrancar hizo que no se dieran frenazos ni situaciones de peligro para los viajeros, según confirmó la propia compañía.

Los viajeros únicamente percibieron un retraso anormal en la frecuencia de la línea que osciló entre los cinco y los diez minutos y que se extendió en cadena al resto de estaciones de las líneas afectadas. Este intervalo de tiempo es el que un conductor tarda en comprobar el motivo por el que se ha accionado el freno de emergencia y en reiniciar el tren, que queda automáticamente detenido por razones de seguridad.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, aseguró en su día que los autores "no se van a ir de rositas. Este acto no puede quedar impune. Estos individuos han puesto en peligro la vida de los viajeros y han cuestionado el servicio de metro, uno de los mejores del mundo", advirtió. Según el consejero regional de transportes, Pablo Cavero, los viajeros afectados sufrieron retrasos que pudieron costar 1.500 horas de trabajo.

La Delegada del Gobierno y responsable de la Policía Nacional, Cristina Cifuentes, anunciaba entonces que establecería "dispositivos de seguridad" necesarios para que este caso no se repitiera.

La sanción administrativa por utilizar indebidamente los frenos de emergencia va de 6.000 a 30.000 euros, según el artículo 295 de la Ley de Ordenación del Sector Ferroviario, a la que se remite el Reglamento de Viajeros de Metro de Madrid.

En aquella ocasión la policía detuvo a tres menores y Metro de Madrid interpuso una denuncia contra los autores del boicot de nueve líneas de Metro en hora punta. Mediante el escrito, presentado ante el juzgado de guardia de Plaza de Castilla, Metro solicitaba una pena de hasta cinco años de cárcel para los activistas por considerarles responsables de un delito de desórdenes públicos.