Si se comprueba que Batasuna es quien convoca la manifestación y, con ello, se incumple el auto de suspensión de actividades del pasado 17 de enero, se adoptarán las medidas oportunas para impedir la celebración de la manifestación.
La prohibición o no de la manifestación corresponderá al juez Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, quien esta semana desempeña funciones de guardia en la Audiencia Nacional y es además el instructor del sumario abierto contra la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna.
En esta causa fue en la que el juez Fernando Grande-Marlaska dictó el pasado 17 de enero un auto en el que suspendió las actividades de la formación ilegalizada.
Según García Jabaloy, la Fiscalía estaba a la espera de conocer la decisión que adoptara la Consejería de Interior del Gobierno vasco, ya que es el órgano competente para prohibir o autorizar este tipo de actividades.
Finalmente ha decidido permitir la celebración de la marcha , con ciertas restricciones, al no encontrar motivos legales para impedirla.
Petición de Dignidad y Justicia
Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia presentó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que pide a Garzón que dirija "atento oficio a la Consejería de Interior del Gobierno vasco y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que adopten las medidas oportunas para impedir dicha manifestación".
La petición de la asociación de víctimas, de tres páginas, recuerda el auto de suspensión de actividades y que el pasado día 5, el dirigente de Batasuna Pernando Barrena convocó la manifestación, para el próximo día 13 en San Sebastián, con el lema "Euskal Herriak Autodeterminazioa".
Dignidad y Justicia basa su petición en que al día siguiente los medios de comunicación se hicieron eco de la convocatoria y de que "Barrena habla en todo momento en nombre de la organización Batasuna".


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