El borrador de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sobre el que está trabajando el Ministerio del Interior, considera como falta "grave" el uso "indebido" de prendas u objetos que cubran el rostro durante alteraciones del orden público, el botellón en lugares no autorizados y el consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que la reforma todavía está en fase de borrador y que la intención es aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros antes de que termine el actual periodo de sesiones del Congreso. El objetivo de estas modificaciones es "disuadir" y atajar posibles comportamientos violentos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante protestas, concentraciones o celebraciones.

Según ha publicado Abc.es, que ha tenido acceso al texto, las infracciones se tipifican en tres clases: "muy graves", a las que se aplicaría una sanción entre los 30.000 euros y los 300.000 euros; "graves", en las que la sanción oscilaría entre los 3.000 a los 30.000 euros; y "leves", con una sanción entre los 300 y los 3.000 euros. Se prevé también ampliar el plazo de prescripción de las infracciones y la reincidencia será un agravante.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a 20minutos.es que todas estas consideraciones están incluidas en el borrador.

Así, la desobediencia y la falta de respeto a la autoridad serán consideradas como falta "grave" o "muy grave", siempre que no sean constitutivas de delito, en cuyo caso se aplicaría el Código Penal.

Dentro de la categoría de las infracciones "graves" se encontraría también el uso indebido de uniformes, trajes, insignias, condecoraciones oficiales; y el uso de capuchas, escafandras, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, siempre durante actos violentos. Aquí podrían entrar desde máscaras como las de Anonymous, muy populares en las últimas movilizaciones del 15-M, hasta pañuelos o bufandas que cubran la cara.

El ministro ha recordado que la ley data de 1992: "Han pasado veinte años y es evidente que necesita una profunda actualización". La reforma que se va a hacer "es para garantizar mejor el derecho de manifestación y para que los violentos no puedan contaminar el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación; es en favor de las libertades y derechos y en contra de los violentos", ha explicado.

También serán infracciones graves la perturbación del orden público —que no sea constitutivo de delito— en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales, acontecimientos solemnes o reuniones numerosas; el consumo o tenencia ilícita de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas en lugares, establecimientos o transportes públicos —aunque las sustancias no estén destinadas al tráfico—; y hacer botellón —beber alcohol en grupo— en lugares públicos no autorizados para el consumo de alcohol.