A principios de año, el Ayuntamiento de Barcelona apostó por aumentar la persecución de las mafias que obligan a mujeres a prostituirse, y de los clientes. Los resultados no se han hecho esperar. Entre enero y marzo, las denuncias a clientes han subido un 35,48% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que las sanciones a prostitutas han caído un 26,97%.

Fuentes municipales explican a 20 minutos que la Urbana presiona más a los clientes. El objetivo es no presionar a los más débiles: las mujeres. El Ayuntamiento modificará la Ordenanza de la Convivencia para endurecer las sanciones a los clientes y que sean más altas que las que castigan a las prostitutas. El periodo de alegaciones concluyó el viernes y no todo el mundo está de acuerdo con la norma, que prohíbe la prostitución en la vía pública.

De hecho, más de 500 personas —convocadas por la plataforma Prostitutas Indignadas y con el apoyo de 50 entidades— se manifestaron por el Raval el 26 de abril en contra del endurecimiento de las sanciones —se impondrán sin previo aviso— y para reivindicar más protección y que no se las expulse de la calle. "No se debería multar porque no es la solución. La situación está como siempre y la persecución no ha cesado, y a las multas se suman las redadas y los controles de inmigración", denuncia Mercè Meroño, presidenta de la Fundació Àmbit de Prevenció, una de las entidades que trabaja con las trabajadoras del sexo del Raval.

Desde que empezó la crisis, ha descendido el número de prostitutas en la calle y ya son menos de 150, según datos de Genera, aunque Meroño señala que algunas han vuelto por las dificultades económicas que atraviesan con la pérdida de trabajos y de prestaciones. La crisis también hace mella en las entidades que las asisten. "Del Ajuntament recibimos muy poco dinero y la Generalitat ha congelado ayudas y retrasado pagos. Nos debe mucho dinero y no tenemos ni fecha de pago", se lamenta Meroño.

La falta de ingresos les ha obligado a despedir a empleados y reducir horas de trabajo y atención. El Ajuntament ha aumentado este año un 67%, hasta 1,4 millones, el presupuesto de la Agència per l’Abordatge Integral del Treball Sexual.