La central Vandellós II, con más de 1.000 megavatios de potencia instalada, es propiedad de Endesa en un 72 por ciento y de Iberdrola en el restante 28 por ciento.
La multa, la mayor que recae sobre una central de este tipo, se ha impuesto a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear y es resultado de la acumulación de tres sanciones graves superiores al medio millón de euros cada una (el importe máximo son 600.000 euros).
En una nota, el ministerio añadió que los incidentes no tuvieron ninguna consecuencia para los trabajadores, la población o el medio ambiente aunque entrañaron una reducción de los márgenes de seguridad requeridos para el funcionamiento de la central.
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