La resolución desestima los recursos de apelación interpuestos por los abogados de Muñoz y otros seis concejales del GIL, para quienes también quedan ratificadas sus penas.
En el caso del ex regidor, la sentencia le obliga a pasar un año en prisión y a ocho meses de inhabilitación para ejercer un cargo público.
La confirmación de esta sentencia se produce una semana después del ingreso en prisión de Muñoz por su presunta relación con la corruptela urbanística que investiga el juez Miguel Ángel Torres en la operación Malaya.
Los ediles condenados otorgaron la licencia de obra en un pleno municipal basándose en el Plan General de Ordenación Urbana de 1998, no el vigente de 1986.
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