El Gobierno ha calificado de "pacto de Estado" el resultado de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró el jueves y en el que se aprobaron los planes de ajuste y reequilibrio de las Comunidades Autónomas -menos Asturias-, que ascienden a 18.349 millones de euros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado la "valoración sumamente positiva" sobre la reunión nada más comenzar la rueda de prensa del Consejo de Ministros y ha dicho que marca un "hito muy importante" para el Estado autonómico, ya que hubo "consenso de primer nivel" y fue "un auténtico pacto del Estado", al aprobarse los planes de ajuste.

Ha resaltado, además, que todos sus miembros han coincidido en "un objetivo de nación: controlar el déficit para salir de la crisis". Sáenz ha opinado que el acuerdo pone de manifiesto la viabilidad del Estado de las autonomías, que "es capaz de marcarse objetivos comunes" y de fortalecer la unidad de sus miembros para conseguir el control del déficit para salir de la crisis.

La vicepresidenta ha explicado que se pusieron "en claro" y "a cero" las cuentas de las autonomías, aprovechando el plan para pagar a los proveedores. A su juicio, para salir de la crisis se necesita la consolidación fiscal, la austeridad y el rigor presupuestario "para destinar los mejores recursos a la gestión del Estado del bienestar".

Se ha referido también a las reformas estructurales que necesita el país para modernizarse, volver a crecer y crear empleo y a la reforma del sistema financiero para salir de la crisis. En torno al primero, ha continuado, el Gobierno y las comunidades han logrado un acuerdo, con independencia de los distintos "intereses y situaciones" de esas administraciones.

Tras la sesión del jueves, según Sáenz, se abrió un nuevo camino de control del déficit, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como permite la ley de Estabilidad Presupuestaria, que refuerza también el control del CPFF. En su opinión, por primera vez habrá un control mensual de la ejecución de las comunidades autónomas "en términos homologables y transparentes para todos los ciudadanos".

Sobre una posible puesta en marcha de los llamados "hispabonos" -instrumento que permitiría a las autonomías emitir deuda de forma conjunta a través del Estado-, la vicepresidenta ha explicado que no se ha visto en Consejo de Ministros, ni se ha tomado una decisión al respecto.

Ha añadido que "el Gobierno es consciente" de los vencimientos de deuda que tienen que afrontar las comunidades en los próximos meses y ha hecho hincapié en que el Ejecutivo "ya ha ayudado a muchas comunidades" y seguirá tomando las decisiones "que considere oportunas".