El pleno del Congreso ha convalidado este jueves los polémicos recortes en Sanidad y Educación. Lo ha hecho gracias a la mayoría absoluta del PP y tras un debate tenso en el que el Partido Popular se ha quedado solo con sus reformas.

Por un lado, el Congreso ha convalidado con los votos del PP y el rechazo del resto de grupos parlamentarios, el real decreto-ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto en todos los niveles educativos y conseguir un ahorro autonómico superior a los 3.000 millones de euros. La norma, que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de abril, permitirá a las comunidades reducir sus presupuestos, según sus necesidades, para facilitarles el cumplimiento del déficit autonómico, que este año es del 1,5% de su PIB. La cámara ha aprobado la norma por 179 votos a favor (PP y UPN) y 135 en contra, y ha rechazado la tramitación como proyecto de ley.

Entre otras medidas no universitarias, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar temporalmente un 20%. El profesorado de la educación pública y concertada en infantil y primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas. En las universidades públicas, los alumnos pagarán entre el 15 y el 25% en primera matrícula, según decida cada comunidad, del coste real de los grados y de los másteres que habilitan para ejercer profesiones.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha defendido las medidas, que "no son la reforma educativa", para mejorar la eficiencia de la inversión y la gestión educativas y cumplir el "inexcusable" objetivo financiero público. "Son medidas excepcionales para una situación excepcional", incluso "algunas más dolorosas" de lo deseado, ha enfatizado Wert, quien se ha referido al desvío de 26.000 millones de euros en el déficit nacional de 2011, con el gobierno anterior. Ha pedido a los docentes que contribuyan al  "esfuerzo nacional", y lo ha hecho con "pesar" porque ya sufrieron el recorte salarial de los funcionarios en 2010.

Ha señalado que las medidas que resultan penosas para algún actor de la comunidad educativa lo son igualmente para él, "pero las condiciones son las que son". Ha indicado que se intenta avanzar en la eficiencia del sistema educativo "sin renunciar a mejorar" la calidad

Por otro lado, el Congreso ha convalidado el decreto de reforma sanitaria que pretende ahorrar más de 7.000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud, con la mayoría parlamentaria del PP, el apoyo del único diputado de UPN y el rechazo del resto de los grupos de la oposición.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido que gracias a estas medidas se garantizan la sostenibilidad y universalidad de la Sanidad pública, mientras que los otros partidos han criticado que la norma no se haya tramitado como un proyecto de ley al que poder presentar enmiendas.

El Congreso ha rechazado una petición en este sentido de los grupos parlamentarios, algo que ha justificado la ministra en que España atraviesa "un momento excepcional y de urgencia". Mato ha resumido los objetivos de este decreto en garantizar el futuro de la Sanidad, cuya deuda se ha vuelto "insostenible", afrontar con "urgencia y determinación" que la situación se "volviese irreversible" y garantizar el derecho de los españoles a una sanidad universal, gratuita y de calidad.

El real decreto, aprobado por el Gobierno el 20 de abril, incluye actuaciones como el repago farmacéutico, que por primera vez tendrán que asumir los pensionistas, y medidas para controlar el "turismo sanitario" como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes ilegales.

Durante el pleno, que han seguido desde la tribuna representantes de organizaciones de pacientes y sindicatos, ERC ha exhibido un cartel con la leyenda: 'Bankia 10.000 millones, Sanitat cero'. En su discurso, Mato ha insistido en que con esta reforma el Gobierno "atiende a varios desafíos" que ponían "en riesgo" la Sanidad española, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros. Las medidas que contiene, en su opinión, "garantizan el actual modelo sanitario" dando cumplimiento a lo que establece la Constitución y la Ley General de Sanidad sobre el derecho de los ciudadanos a la asistencia sanitaria, pero mejorando los procedimientos de incorporación a esta prestación.