La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, en funciones de guardia, ha comenzado en torno a las 18.40 horas a tomar declaración a uno de los dos exsocios de la empresa Minser que este martes fueron arrestados en el marco de una nueva operación anticorrupción en la que se investiga el presunto amaño por parte del Consell de Mallorca de tres negociados cuantificados en unos 82.000 euros, tal y como han señalado fuentes del caso a Europa Press.

Ambos han pasado a disposición judicial en torno a las 16.20 horas, cuando han hecho aparición en los Juzgados de Vía Alemania tras salir de un furgón que les ha conducido, esposados, desde las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. Tanto Juan Carlos Escuer, defendido por el letrado Carlos Barceló, como Gabriel Rivas, asistido por Salvador Perera, fueron detenidos este martes y han pasado esta noche en los calabozos de la Policía Nacional. En el Juzgado ha empezado primero a declarar Rivas.

Las pesquisas, cuya investigación se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 1 y permanecen bajo secreto sumarial, apuntan al supuesto amaño de tres expedientes por parte de la Institución insular, cuando ésta estaba presidida por la exdirigente histórica de UM Maria Antònia Munar, que fueron adjudicados a Minser, dos de ellos por 30.000 euros cada uno y un tercero por unos 22.000, según han precisado las mismas fuentes. La administración supramunicipal sufragó los pagos por distintos informes de los que no hay constancia alguna.

En concreto, los estudios iban referidos a unas pantallas informativas sobre los pueblos de Mallorca en el aeropuerto, la instalación de señales de tráfico y un último sobre los hábitos de lectura de los jóvenes. Todos ellos fueron otorgados desde la Conselleria insular de Cultura a Minser tras convocarse negociados en los que fueron invitadas otras dos empresas.

Tras la comparecencia de los dos imputados en dependencias judiciales, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán decidirá si solicita medidas cautelares contra Escuer y Rivas, quienes ya fueron arrestados en febrero de 2010 en el marco del caso Voltor por un presunto desvío de fondos desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a Minser mediante subvenciones y contratos ilegales.

De hecho, ya entonces se les impuso una fianza penal de 100.000 euros a cada uno de ellos por su presunta implicación en estos hechos, que se habrían cometido a través del Inestur, dependiente de la Conselleria de Turismo del Govern, durante la pasada legislatura en beneficio de empresarios próximos a UM.