El Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos ha expresado este miércoles su "más absoluto y contundente" rechazo a la resolución de la subdelegada del gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, por la que se prohíben las concentraciones ciudadanas convocadas del 12 al 20 de mayo en la Plaza de la Encarnación con motivo del aniversario del Movimiento 15M.

En un comunicado de prensa, el Grupo 17 de Marzo subraya que la decisión de la Subdelegación del Gobierno "supone un ataque al Estado social y democrático de Derecho y una restricción intolerable del derecho fundamental de libertad de manifestación y participación política, de los principios de legalidad, de igualdad y no discriminación, y de la libertad de expresión y manifestación que asisten a todo ciudadano".

En primer lugar, asevera que "no es tarea de la administración política armonizar los derechos fundamentales en juego, entendiendo por tal la limitación de unos derechos para facilitar otros, ni está en absoluto facultada para utilizar la posibilidad de 'perjuicios económicos a la ciudad' como límite al derecho de reunión".

De igual modo, el Grupo 17 de Marzo critica que la Subdelegación "no puede ampararse en motivos formales ni presunciones políticas, para lo que el Ayuntamiento y la Subdelegación han utilizado a la Policía Nacional y Local para hacer informes políticos favorables a sus intereses". "Entendemos que estos ciudadanos estarían plenamente en su derecho de convocar cuantas concentraciones quisieran para expresar libremente sus ideas, bajo los parámetros dictados por el Tribunal Constitucional", apostilla.

Asimismo, dice que la subdelegada "está desobedeciendo dicha doctrina y, posiblemente, con esta actitud obstaculice el ejercicio de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, en concreto la libertad de expresión y manifestación", todo ello "obligando a ciudadanos a acudir a los tribunales para que sean reconocidos sus derechos más básicos y así, por la vía de hechos consumados, prohibir los actos que con total seguridad serán declarados legales dentro de varios meses".

El Grupo 17 de Marzo también señala que no es la primera vez que denuncia esta situación de "vulneración" de derechos humanos en la capital hispalense, pues "ya intentaron prohibir manifestaciones como la de la Cumbre de la OTAN en 2010 o la convocada por la Plataforma 8 de marzo en 2008, declaradas acorde a derecho posteriormente".

Así, se ofrece a asesorar a dichos colectivos ciudadanos para interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), anunciando que desde el Grupo 17 de Marzo se han nombrado abogados observadores voluntarios en dichas concentraciones "para vigilar por el cumplimiento de los derechos humanos y civiles por parte de poderes públicos y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado".