La Sección de Fiscales Antidroga de la provincia de Cádiz ha incoado a lo largo de 2011 un total de 3.488 procedimientos y ha formulado 2.290 escritos de acusación, de lo que se desprende que el negocio del narcotráfico "marcha muy bien" y que no se ha producido la "ansiada disminución" de la actividad criminal. No obstante, destaca que, gracias a la "entrega y dedicación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la prevención y represión del tráfico de drogas mantiene "un alto nivel de eficacia".

Así lo ha explicado en rueda de prensa la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, que ha presentado el resumen de la Memoria Anual de la Fiscalía Antidroga de 2011 —la memoria íntegra se publicará en septiembre, tras la apertura del año judicial— acompañada por los delegados de la misma en Cádiz, Ana Villagómez y Emilio Miró Rodríguez, así como por la fiscal adscrita de Jerez de la Frontera, Marián González.

Ayuso ha destacado precisamente la labor de esta última, proponiéndose en la memoria que pase de ser adscrita a delegada, lo que le permitiría asumir más responsabilidades y decisión, redundando en una "mayor agilidad" que se considera "fundamental" en esta materia.

Esta es la segunda vez que se solicita a la Fiscalía General del Estado que, debido a sus problemas específicos, Cádiz pase a ser la única provincia española con tres fiscales delegados, si bien desde la Fiscalía Antidroga central les han avanzado que dicha petición va a ser apoyada en esta ocasión.

Por otra parte, y "aunque sea como voces que claman en el desierto", incluyen en la memoria una propuesta legislativa sobre la necesidad de crear juzgados de instrucción especializados en esta materia, como ya ocurriera con los juzgados específicos de violencia de género. Justifican esta petición en "el extraordinario número de asuntos por delitos contra la salud pública" y, sobre todo, por la "extrema complejidad de la fase de instrucción".

Argumentan que "si la especialización de los fiscales ha sido un éxito, seguro que la especialización de los jueces también". Además, apuntan que si se pasa a una demarcación judicial con circunscripciones más amplias, la medida deviene de más fácil ejecución por vía de la especialización de uno de los juzgados de instrucción por cada demarcación.

Economía sumergida

En la memoria se trata el narcotráfico como una parcela más de la economía sumergida, que es "un punto fuerte" de la economía de la provincia y la Ciudad Autónoma de Ceuta —que pertenece a esta demarcación judicial— y comprende un "volumen extraordinario de tráfico de drogas". Alude a la existencia de "auténticas sagas familiares" dedicadas a esta delincuencia y advierte de la aparición de grupos organizados "con un nivel de peligrosidad elevado" y que están incrementando la violencia.

Según el resumen de la memoria, las aprehensiones de hachís se han elevado a 158,9 toneladas y las de cocaína a 1.947 kilogramos. Aunque estas cifras suponen un ligero descenso respecto a 2010, cuando se incautó en la demarcación el 46 por ciento del total nacional, ello "no significa un descenso de la criminalidad". De hecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) detuvieron en 2011 a 3.580 personas por delitos contra la salud pública.

Asimismo, refiere que el tráfico de cocaína dejó de ser una cuestión residual hace varios años y constata un aumento de la utilización de la vía aérea para la introducción de droga en la provincia. No en vano, las FCSE intervinieron una decena de aeronaves en la provincia en 2011. El puerto de Algeciras se mantiene constante como otro de los principales puntos de acceso de estupefacientes.

Barreras en los ríos

Otro de los temas que trata la memoria es el "desmantelamiento" por "actos vandálicos" de las barreras que se instalaron en los ríos Barbate y Gadalcorte y Guadarranque para frenar la entrada de embarcaciones que pudiesen transportar droga. En el caso de Barbate la barrera está "inservible" desde el año 2009 y el Ayuntamiento de la localidad no dispone de medios para su reparación y mantenimiento.

Se trata de una situación "de gravedad", puesto que las FCSE aseguran que dichas barreras son "muy efectivas". Por ello, en tanto que las distintas administraciones llegan a un acuerdo para su reparación, la Fiscalía Antidroga propone como solución alternativa la implantación de un SIVE móvil como el que se adaptó en la desembocadura del río Guadalquivir, y que ha dado lugar a "una disminución notable de la entrada de droga por esa zona".

Finalmente, los fiscales de la Sección Antidroga en Cádiz advierten de la necesidad de agilizar las autorizaciones de destrucción de las partidas más elevadas de drogas que se encontraban pendientes, ya que "son muchas las dificultades que complican que se lleve a cabo la destrucción en un plazo razonable".