Lokarri considera que la sentencia por la que el Tribunal Supremo ha condenado a seis años y medio de cárcel y a inhabilitación hasta 2014 a los condenados por el caso Bateragune, Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, es "manifiestamente injusta e inaceptable en un Estado de derecho que se respete a sí mismo".

En un comunicado, la red ciudadana por el acuerdo y la consulta ha señalado que la resolución judicial condena a estas personas "por el mero hecho de ejercer una actividad de carácter político, promoviendo un debate en la izquierda abertzale hoy ilegalizada, cuyo resultado ha sido una estrategia basada en las vías exclusivamente pacíficas, políticas y democráticas".

Además, "tanto la izquierda abertzale hoy ilegalizada como las personas condenadas, han expresado de forma clara, reiterada e inequívoca su desvinculación de todo tipo de violencia, incluida la de ETA, y el rechazo al uso de la misma para la obtención de fines políticos".

A su juicio, "resulta muy preocupante la argumentación de integración en organización terrorista", no sólo por el hecho de que "estas personas estaban desarrollando una actividad exclusivamente política, sino porque la sentencia condenatoria se basa en 'indicios' tomados como prueba".

"La sociedad vasca necesita articular una convivencia inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas condiciones y garantías para desarrollar su actividad política con libertad y seguridad", ha afirmado.

En este sentido, ha precisado que, "tras años de exclusión y vulneraciones de derechos y libertades fundamentales", es momento de que las estrategias del pasado sean "abandonadas". "La criminalización de ideas y proyectos políticos no tienen cabida en un Estado de derecho", ha concluido.