PP, PSOE y Grupo Mixto han acordado este miércoles en el Pleno de las Cortes aprobar una Proposición No de Ley (PNL) a través de la que reclamarán a la Junta la puesta en marcha de un fondo de solidaridad que garantice el acceso a las enseñanzas públicas universitarias a quienes carezcan de recursos suficientes.

El acuerdo ha tenido como base una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista defendida por el procurador Fernando Pablos, aunque finalmente sólo fue posible acordar un punto formulado a través de una enmienda 'in voce' de procurador 'popular' Francisco Javier García-Prieto.

En concreto, Pablos ha defendido la necesidad de que la Junta establezca los precios públicos del conjunto de las enseñanzas universitarias de Castilla y León para el curso 2012-13 en el límite inferior de cada uno de los tramos a fin de evitar que el aumento de estos precios genere dificultdes añadidas a la "complicada" situación de muchas familias.

El procurador socialista se ha referido a las cifras ofrecidas ayer por el consejero de Educación, Juan José Mateos, quien apuntó a un incremento de las tasas universitarias de entre 200 y 400 euros, con lo que se "imposibilita" el acceso a la enseñanza superior a determinados segmentos de la población.

Para Pablos este incremente es "socialmente injusto" y llevaría a los estudiantes a elegir la universidad por su capacidad económica y no garantiza la "igualdad de oportunidades", al tiempo que ha defendido la posibilidad de que se genere un efecto frontera que atraiga a estudiantes si se logran las tasas más bajas.

Por su parte, el procurador 'popular' Javier García Prieto ha señalado que la subida de tasas obedece a la "difícil" situación por la que atraviesa el país y la necesidad de que se realice un esfuerzo transitorio por parte de los universitarios que "están en mejores condiciones de asumirlo".

"Es una medida dolorosa que no satisface a nadie", ha insistido, tras lo que ha reiterado que se trata de un "esfuerzo transitorio".

Así, el 'popular' presentó una enmienda ante la Cámara que establecía en primer lugar que las Cortes insten a la Junta a establecer precios públicos en el límite menor posible que asegure la sostenibilidad y calidad del sistema universitario, algo que fue rechazado por los socialistas.

Finalmente se acordó por unanimidad el segundo punto propuesto por el PSOE y que se basa en que la constitución de un fondo de sostenibilidad que garantice el acceso a enseñanzas públicas universitarias para aquellos que carezcan de recursos suficientes.