La decisión definitiva sobre el proceso de recuperación de la memoria histórica que comenzó este Gobierno en 2004 será tomada previsiblemente esta semana por el presidente Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta Fernández de la Vega, según informa hoy el diario El País .
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El Gobierno ha anunciado repetidamente que desearía aprobar esta ley en el Consejo de Ministros del próximo viernes, pero la actitud tanto del PP -que se opone rotundamente a esta iniciativa- como de IU y ERC, que pretenden una ley más radical que la que tiene prevista el Ejecutivo, podrían retrasar su aprobación.
El proyecto del Gobierno está basado en dos informes.
Símbolos y monumentos
El primero, más general, se centra en las víctimas de ambos bandos y en la represión posterior durante el franquismo, y en él figura todo lo regulado por gobiernos democráticos y una serie de recomendaciones sobre qué se debería hacer.
El primer asunto clave en este informe es el de los símbolos franquistas -calles y monumentos- y concluye que no se puede obligar a retirar estos símbolos a ningún ayuntamiento, por lo que aconseja recomendar a las autoridades locales y autonómicas que eliminen todos los símbolos que elogien a los golpistas o ensalcen el mismo golpe de Estado de 1936.
Estas recomendaciones tendrán carácter imperativo para los organismos estatales.
Cuando el monumento sea de interés cultural o histórico, como el Valle de los Caídos, se aconsejará la colocación visible de un texto que explique el significado de la dictadura y la represión que la acompañó.
Estas misma actitud de recomendación se trasladará a la Conferencia Episcopal para que elimine de multitud de templos las placas dedicadas a "los caídos por Dios y por España". Al ser la Iglesia un organismo autónomo, es lo único que el Gobierno puede hacer.
Juicios sumarísimos
En el segundo asunto clave, los juicios sumarísimos contra los opositores al régimen, el informe se decanta por no declararlos nulos, pues eso implicaría la posibilidad de enfrentarse a fuertes reclamaciones económicas y alta conflictividad judicial. Aún así, la decisión definitiva en este aspecto aún no ha sido tomada.
Dentro de la judicatura y la fiscalía, hay dos opiniones enfrentadas: los que creen que dichos juicios son "cosa juzgada" y los que opinan que los tribunales democráticos no pueden dar por buenas las sentencias ni ser herederos de unos tribunales que conculcaron todos los derechos.
Unificación de archivos
El segundo informe del Gobierno, más específico, trata de los archivos y documentación de la represión.
Ante el caos de dispersión de estos documentos, el informe recomienda unificar y clasificar todos los archivos de forma que los familiares de personas represaliadas puedan acceder a ellos sin depender de la decisión de cualquier funcionario, y llegar a conocer la verdad de lo que les ocurrió a sus seres queridos.
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