Izquierda Social y Ecologista (Iseco) considera el anuncio hecho por el Gobierno de Cantabria de aprobar la construcción de nueve campos de golf como "una vuelta al pelotazo urbanístico, un atentado a la libre competencia y la prueba inequívoca de que el PP no tiene la menor intención de promover la ordenación territorial de Cantabria".

Iseco señala en un comunicado que "no se imagina" a ningún líder político europeo anunciando negociaciones "bajo la mesa" con un grupo "privilegiado" de empresas, pero el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, "no solo lo ha hecho público, sino que ha ofrecido todo lujo de detalles", como que se trata de construir 9 campos de golf con colaboración público privada, acompañados de hoteles y unos "complementos" que "todo el mundo entiende como usos residenciales".

El colectivo indica que "no sale de su asombro" ante las "insólitas" declaraciones de Diego diciendo que "solo desvelará la ubicación de los campos de golf cuando haya empresas privadas interesadas" y que "serán los empresarios quienes elijan según sus preferencias", demostrando con ello, a su juicio, "una completa falta de transparencia, un claro atentado a la libre competencia empresarial y su disposición a facilitar la ubicación de unos complejos turísticos forzando la legalidad urbanística mediante alguna medida de excepción como los PSIR".

Para Iseco, por encima de la "escandalosa" manera de ejercer el poder que tiene el presidente del Gobierno, el anuncio de los 9 complejos turísticos con campo de golf demuestra que el PP, como antes el PRC y el PSOE, "no tiene la menor intención" de tramitar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que tenía que estar en vigor desde 2002 en cumplimiento de lo establecido por la Ley del Suelo aprobada en 2001.

Además, la cooperativa política de izquierdas llama la atención sobre el hecho de que Diego "ha pasado por alto" en su anuncio que los campos de golf de Oyambre, Abra del Pas y Real Golf de Pedreña están ocupando zonas de dominio público marítimo terrestre y que en cumplimiento de la Ley de Costas vigente tendrán que revertir al Estado en 2018.

"Esta circunstancia se conoce desde hace 24 años que se publicó la Ley de Costas y lo menos que cabría esperar de un presidente de Gobierno es que defienda la aplicación de las leyes, pero por desgracia lo habitual en Cantabria es exactamente lo contrario", subraya.

Por último Izquierda Social y Ecologista critica que todas las decisiones del Gobierno 'popular' van en la línea de "desproteger" el paisaje y el medio ambiente de Cantabria, "ignorando" que su conservación es un activo económico fundamental para la implantación de una industria turística sostenible y generadora de empleo.