El Estado nacionalizará las entidades financieras que no devuelvan en un plazo de cinco años las ayudas articuladas a través de bonos convertibles —también llamados cocos, son un préstamo de dinero público que se convertiría en acciones del Estado si la entidad no es capaz de devolver lo prestado— destinadas a 'limpiar' sus balances de activos inmobiliarios.
Así lo concreta el real decreto ley que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se exige a la banca un saneamiento adicional de 30.000 millones de euros por su crédito no problemático ligado al 'ladrillo'.
Si la entidad incumple con la devolución de la ayuda, el Banco de España podrá sustituir sus órganos de administración Transcurrido este plazo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a través del que el Estado suscribe los cocos, dispondrá de un máximo de seis meses para ejecutar lo que en la práctica supondría la nacionalización de la entidad.
De todas formas, la norma faculta al Banco de España a proceder a la conversión de acciones con anterioridad a esos cinco años si considera "improbable" que un determinado banco pueda afrontar el pago de esta ayuda.
Y si la entidad incumple con la devolución de la ayuda, el organismo regulador podrá además sustituir de forma provisional los órganos de administración o dirección de la entidad, lo que acabaría suponiendo su intervención.
La banca española deberá destinar otros 30.000 millones de euros para provisionar créditos al sector inmobiliario y promotor sanos que aún no registran incidencias de pago.
Estas exigencias se suman a las provisiones de alrededor 54.000 millones por el crédito ya problemático, con lo que la cobertura total del riesgo inmobiliario se eleva al 45%.
En concreto, se obligará a la banca a provisionar el 52% de los 25.000 millones de préstamos destinados a financiar suelo y otro tanto del crédito sin garantía real (18.000 millones). También se exigirá una cobertura de un 29% para los 16.000 millones en promociones en curso y el 14% para aquellas terminadas, que alcanzan un importe de 61.000 millones. Ahora bien, el BOE apunta que el Banco de España podrá modificar dichas coberturas a partir del 31 de diciembre de este año.
Además, se obliga a los bancos ayudados por el FROB a "enajenar anualmente al menos un 5 %" de sus activos inmobiliarios a un tercero. De este modo, las inmobiliarias podrán pervivir hasta un máximo de 20 años, según ha añadido una fuente del Ministerio de Economía.
Veto de Hacienda a bancos ayudados
En el marco de esta nueva fase de la reforma financiera, el Ejecutivo obligará a la banca a separar sus activos vinculados al 'ladrillo' en sociedades independientes antes del próximo 31 de diciembre.
Aquí se aborda otro tema complicado, como es la posibilidad de que la segregación de los activos inmobiliarios de un determinado banco con problemas resulte demasiado gravoso para las cuentas públicas.
Así, se establece que antes de aparcar los activos adjudicados a una sociedad, el FROB elevará al ministerio de Hacienda una memoria detallada sobre el impacto financiero que tendrá esta decisión en las cuentas públicas.
Una vez informado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "podrá oponerse motivadamente en el plazo de diez días" desde la recepción de esta memoria.
El decreto, también en el caso de las entidades con ayudas públicas, establece un plazo máximo de tres años para que pierdan el control de estas sociedades.
Traspaso de bienes inmuebles
Aborda además las implicaciones tributarias que podría tener para los bancos traspasar los pisos o solares adjudicados a una sociedad especializada, y toma medidas para evitar que le suponga un gravamen excesivo.
Así, establece que en estas operaciones de transmisión de bienes inmuebles, no aplique el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y establece determinadas condiciones para que estén exentas en un 50% las ganancias patrimoniales.
El Gobierno advierte en el BOE de que si la banca incumple algunas de estas medidas obligatorias, se considerará una infracción "grave o muy grave".
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