El Gobierno ha elevado de cinco a diez años el plazo de prescripción de algunas de las figuras más graves del delito fiscal y las penas por la comisión de este tipo de fraudes, que serán a partir de ahora "de seis años", según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha abordado este viernes una reforma del Código Penal en tres aspectos: la mala gestión pública de recursos económicos, el fraude fiscal y el fraude laboral y en materia de Seguridad Social. Se tramitará un Anteproyecto de Ley que será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para la emisión de los correspondientes informes.

El primero de los aspectos va a aparejado a la Ley de Transparencia que precisa rango de ley orgánica y supone una continuación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, además de una tipificación, por primera vez, de esta conducta en la ley. El Gobierno introduce la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas.

En segundo lugar, se agravan algunas de las figuras del delito fiscal: se eleva a seis años la duración de las penas y a diez la prescripción de los delitos. Además, se permite que durante la tramitación del delito fiscal y en el tiempo de remisión a la fiscalía para la presentación de la querella puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes ante la Agencia Tributaria.

Sáenz de Santamaría ha indicado que con ello se pretende evitar que en la tramitación de los delitos fiscales haya casos, "por desgracia muy frecuentes", de desapoderamiento o de alzamientos de bienes por parte del deudor tributario que se beneficia de esa tramitación para vender sus bienes y evitar futuros cobros por parte de Hacienda.

Además, la modificación del código penal refuerza las medidas para ser más ágiles ante el delito fiscal, especialmente con las tramas criminales de IVA.

Por último, en relación al fraude laboral, se ha procedido a una "minoración de las cantidades que constituyen el límite para proceder por delito de fraude laboral". Se amplía asimismo el plazo de prescripción hasta diez años y se regula "mejor" el fraude de subvenciones, sobre todo en relación con las prestaciones de la seguridad social y las prestaciones por desempleo.