La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias informativas para investigar la denuncia presentada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez contra el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, por malversación de caudales públicos.
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Público, que han explicado que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, será el encargado de analizar la documentación relacionada con la denuncia, antes de decidir si existen indicios de algún delito para emprender las actuaciones oportunas.
La documentación se refiere a viajes, alojamiento y manutención de Dívar entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011El vocal Gómez Benitez, designado a propuesta del PSOE presentó hace dos días esta denuncia, en la que acusa a Dívar de haber pagado con cargo a los presupuestos del CGPJ, por un valor de cerca de 6.000 euros, el importe de una habitación en un hotel de lujo de Marbella y varias cenas en esa misma localidad, durante seis fines de semana.
Los datos remitidos al fiscal por Gómez Benítez se refieren a determinados viajes, alojamiento y manutención de Dívar entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011, con independencia del gasto de los escoltas que le acompañan.
La Fiscalía ha acordado la apertura de diligencias después de que la Presidencia del CGPJ, a iniciativa propia, haya remitido este jueves al Ministerio Público toda la documentación sobre los gastos de los viajes mencionados en la denuncia de Gómez Benítez, según han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
La información remitida al fiscal incluye los presupuestos de los viajes aprobados por el CGPJ, así como los justificantes de todos los gastos personales de Dívar.
Condición de aforado
El propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo aseguró el miércoles en un comunicado que asumió los gastos personales de sus viajes y que los cargados a los presupuestos del Consejo están "perfectamente" documentados y justificados y han sido tramitados "legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado".
A partir de ahora el teniente fiscal Martín Casallo estudiará toda la documentación remitida para adoptar una decisión al respecto. Fuentes del Ministerio Público han apuntado que, en el caso de que apreciara indicios de delito, remitiría la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado del presidente del TS y del CGPJ.
Otra opción posible es que el fiscal, que no tiene plazos para pronunciarse, no encuentre materia susceptible de ser investigada, por lo que archivaría la denuncia, o bien podría considerar necesario solicitar más documentación para aclarar los supuestos que considere necesarios.
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