La agenda del aniversario del 15-M está plagada de movilizaciones por toda España. Convocatorias por las que sobrevuelan las últimas cargas policiales y los planes de Interior para reformar el Código Penal, según su versión en respuesta a los incidentes de violencia callejera ocurridos en los últimos tiempos.

En Madrid, los lugares y horarios son conocidos. La Delegación del Gobierno ha autorizado tres convocatorias diferentes en la capital, marcando el tiempo que podrán permanecer los manifestantes días concretos en el Paseo del Prado, la Puerta del Sol, y la Plaza de Tirso de Molina.

"La gente tiene todo el derecho a manifestarse, el problema viene cuando no avisan", resume José María Benito, del Sindicato Unificado de Policía (SUP). La Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa, pero en el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad.

Cumplido este primer requisito en las concentraciones comunicadas, ¿qué comportamientos pueden desafiar a la ley (L.O. 9/1983)? En relación a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, donde se exige la comunicación previa a la autoridad, esta solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes. A la hora de comunicarlas, la antelación mínima será de 10 naturales; la máxima, 30. Por causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria, la antelación mínima podrá ser de 24 horas.

¿Pueden los agentes identificar a los manifestantes?

Benito explica que existen tres supuestos en los que puede requerirse la identificación: la comisión de un delito, en previsión de que alguien pueda cometerlo o por una infracción administrativa.

¿Qué ocurriría si se niegan a enseñar su documentación?

Los agentes podrían conducirlos a comisaría. Irían detenidos, no retenidos, precisa el SUP sobre esta circunstancia. A partir de ahí, dependiendo del caso, el máximo tiempo de detención son 72 horas. Después pasaría a disposición judicial.

¿Y la identificación de los agentes?

Los uniformados tienen la obligación de estar perfectamente identificados. Los que no vayan de uniforme deben hacerlo en el momento de pedirle a un ciudadano que se identifique.

¿Qué ocurre una vez transcurrido el tiempo permitido para la convocatoria?

Los agentes, apuntan desde el SUP, se mueven con una serie de reglas de actuación. No es un protocolo escrito ni un reglamento interno, pero marcan las pautas a seguir. En primer lugar, se producirá un encuentro con los promotores de la movilización y se les informará de que han superado el límite temporal. Así, hasta tres avisos. Después, y "en último recurso", vendrá la carga.

¿Qué pasos se siguen en una carga?

En esas normas de actuación asumidas por la Policía se contempla también que, de producirse una situación excepcional, los disparos de bolas deben comenzar como disuasorios, no se pueden ejecutar a menos de 50 metros de los manifestantes y deben ir dirigidos al suelo.

¿Y los cambios que prepara el Gobierno en el Código Penal?

En principio entrarían en vigor en 2013. El ministro del Interior avanzó a mediados de abril que la resistencia pasiva -sentarse en el suelo o la negativa a moverse- podría conllevar hasta seis años de prisión, y también se incluiría como "delito de integración en organización criminal" concertar concentraciones violentas por Internet. Sin embargo, días después, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que entre las medidas que se barajan para luchar contra el vandalismo no se penalizará a los convocantes "al margen de cuál sea su resultado final".