El Gobierno no descarta que el edificio de La Pereda pueda acoger usos no públicos

Se analizarán los usos "públicos o de cualquier otro carácter" del edificio cuando "culmine" residentes y trabajadores estén recolocados
Protesta en La Pereda tras comunicarse el cierre
Protesta en La Pereda tras comunicarse el cierre
Europa Press
Protesta en La Pereda tras comunicarse el cierre

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, no descarta que el edificio que ahora ocupa la residencia de mayores de La Pereda pueda acoger usos no públicos, si bien ha asegurado que se trata de una cuestión que aún no se ha estudiado y que se abordará una vez concluya la reubicación de residentes y trabajadores.

"Entonces pasaremos a hacer análisis de los futuros usos públicos o de cualquier otro carácter y en cuanto tengamos una determinación la conocerán", ha explicado Diego al ser cuestionado por los periodistas sobre el futuro que se dará al edificio tras el cierre de la residencia.

Sin embargo, y aunque "no sabe" qué usos se le dará, Diego ha asegurado que el Gobierno regional "no va a dejar que una instalación de ese carácter quede en abandono y se deteriore y con ello pierda valor", "perjudicando" a sus "propietarios", que son los cántabros.

Cuestionado por el temor del comité de empresa y la junta de personal de que el Gobierno regional haya decretado el cierre de La Pereda para hacer "negocio" con el edificio, Diego ha afirmado que "no sabe tampoco por qué temen" pues, "en lo que a ellos le compete", el Ejecutivo regional ha tomado una decisión que está "fundamentada", es "absolutamente razonable" y "busca la calidad en la prestación del servicio que hoy no estaba garantizada".

El presidente regional ha explicado que los representantes de los trabajadores "conocen perfectamente" los "incumplimientos" de la normativa de esa residencia y las actuaciones y costes que requería su rehabilitación, que, según ha dicho, "eran enormes".

Aunque ha asegurado entender la "incomodidad" de los residentes y los trabajadores de La Pereda, Diego ha explicado que el Gobierno regional debe exigir, al igual que hace con las residencias privadas, que en las públicas también se cumplan una serie de requisitos legales.

Ante las críticas de la junta de personal y del comité de empresa porque el Gobierno regional haya decretado el cierre de la residencia días después de que, según afirman, se les asegurase de que esta medida no se tomaría, Diego ha señalado que "no sabe a quién preguntaron" los sindicatos y les dijo que no pues, según ha señalado, es una decisión que se ha tomado "recientemente" pero que ya se venía "estudiando".

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