El juez Baltasar Garzón ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a once años de inhabilitación por ordenar intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el "caso Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados.
El recurso, de más de doscientos folios y redactado por el despacho de abogados Amparo Legal, sostiene que la sentencia dictada por el alto tribunal es "gravísimamente inconstitucional", ya que Garzón fue condenado por un delito que no existe en las leyes españolas, ya que la cuestión de las escuchas está pendiente de una ley que las regule.
Los abogados de Garzón tachan la resolución del alto tribunal de "arbitraria, , irrazonable e injusta"
Los abogados del juez recuerdan, en este sentido, que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reclamado en varias ocasiones a España que legisle en esta materia.
La defensa de Garzón concluye que esta laguna legal ha hecho que el juez fuera condenado "por ir en contra de los criterios particulares" de los magistrados que formaban el tribunal y que el Supremo construyó "a la medida" el delito de prevaricación del que el exmagistrado de la Audiencia Nacional fue declarado culpable.
Según el recurso, una condena dictada en esas circunstancias "supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la independencia judicial".
Los abogados de Garzón tachan la resolución del alto tribunal de "arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta" y afirman que la sentencia "parece como si estuviera de antemano, ya que prescinde de todas las pruebas y de hechos fundamentales que se probaron en el juicio".
El recurso, por último, señala que la condena vulnera la independencia judicial, ya que supone "la criminalización de un criterio judicial contrario al del Tribunal superior, al suponer la negación de las legítimas facultades de los jueces sobre las pruebas y de interpretar las leyes aplicables mientras no haya una legislación clara".
Para sus abogados, lo que hizo Garzón al ordenar las escuchas de la Gürtel fue "cumplir con su obligación de buscar la verdad en la investigación de delitos de corrupción, sin violar ninguna ley ni nada parecido y empleando medios absolutamente legítimos en España y en otros países".
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