El alcalde de Mazarrón acusado de malversación de caudales públicos

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha remitido al juzgado decano de Lorca una querella contra el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, y el concejal Domingo Valera, del Partido Independiente por Mazarrón (PIXM), por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según la querella, tras las elecciones de 2003, el pleno del ayuntamiento acordó, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, conceder la dedicación exclusiva a Valera, ex alcalde de Mazarrón por el PP, con un sueldo bruto de 31.365 euros en catorce pagas, así como la "media liberación" para el resto de ediles del PIXM.

 Según el fiscal, "al margen del pleno, Fracisco Blaya acordó con Valera la entrega de las cantidades que en cada momento requiriera de la Corporación, que habrían de 'disfrazarse', para darles apariencia de legalidad, como 'anticipos' de su sueldo".

Añade que esas entregas de dinero "nunca tuvieron ese carácter, sino el de meros regalos realizados con dinero público, ya que Valera cobraba su sueldo íntegro.

De esta forma Valera recibió 33.000 euros entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, según considera la querella, que destaca que fueron entregadas por el interventor, con su oposición verbal, "siguiendo las arbitrarias instrucciones del Alcalde".

Ante lo irregular de la situación y a la vista de que Valera seguía reclamando dinero, el tesorero y el interventor pidieron al concejal de Hacienda, Segundo Muñoz, que mediara con el Alcalde con el objetivo de poner fin a los pagos irregulares.

En Agosto de 2005, en el último pago realizado, el interventor "hizo constar por escrito sus objeciones, no obstante firmó la 'orden de pago contable' sobre la que consta su firma con la frase 'con observaciones', aunque, según la querella, este escrito no consta en el expediente remitido a la Fiscalía por el ayuntamiento.

El fiscal jefe del TSJ recuerda en los hechos que "para ocultar la ilegal concesión de anticipos el alcalde Blaya se negó a facilitar la documentación requerida por los concejales del Grupo Socialista" y sólo fue obligado a informar de la situación por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de julio de 2005.