El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, considera que la Generalitat "nunca debería haber firmado" contratos con el arquitecto Santiago Calatrava en unas condiciones "tan onerosas" para el erario público y ha anunciado que su grupo propondrá en la Cámara valenciana que el Consell no contrate con empresas que operan en paraísos fiscales o en países donde rija el secreto bancario, como es el caso de Suiza.
En un comunicado, Blanco ha respondido así a las declaraciones efectuadas este viernes por el vicepresidente del Consell, José Císcar, quien defendió los honorarios pagados por la Generalitat a Calatrava dado que "los contratos están para cumplirse". A su juicio, estas palabras suponen "un humillante sarcasmo, dados los numerosos incumplimientos contractuales que arrastra el Consell con sus proveedores".
El diputado ha exigido responsabilidades a quienes firmaron esos contratos "leoninos" para la administración y a aquellas personas que "por encima de ellos dieron la orden de asumir las condiciones impuestas por Calatrava, absolutamente cuestionables en cuanto a honorarios, régimen fiscal y asunción de sobrecostes".
En este sentido, ha explicado que los últimos contratos de CACSA con Calatrava están firmados por Jorge Vela y José Manuel Aguilar, ambos imputados actualmente en el procedimiento penal seguido en Palma por el caso Nóos.
"Nunca deberían haber firmado contratos con Calatrava en esas condiciones tan onerosas para el erario público y tan poco edificantes desde el punto de vista ético", ha resaltado Blanco, para quien la responsabilidad última está en el máximo nivel del Gobierno valenciano, "que era quien decidía en última instancia la contratación de Calatrava asumiendo sus imposiciones".
Por ello, ha recordado a Císcar que si bien los contratos están para cumplirse, "no hay ninguna obligación de firmarlos" y ha señalado que es "de perogrullo" decir que las cuentas de CACSA están auditadas, "pero eso no quiere decir que todo esté bien, ni mucho menos".
Blanco ha apuntado que la propia Sindicatura de Comptes afirma en casi todos los informes anuales de fiscalización de esa empresa pública que "podrían existir dudas en cuanto a la adecuada aplicación de las reglas de localización del impuesto previstas en los artículos 69 y 70 de la Ley 37/1992, reguladora del IVA".
"Es una manera sutil y diplomática de advertir de un posible fraude a la Hacienda Pública, y desde luego de un contrasentido ético y político evidente", ha resaltado el parlamentario de la formación de izquierdas.
Para evitar que vuelvan a ocurrir casos similares, EUPV presentará en las Corts una proposición no de Ley instando al Consell a "no contratar, ni directa ni indirectamente, con empresas que operen en paraísos fiscales o en países donde rija el secreto bancario, como es el caso de Suiza".
"el consell no puede ser cómplice"
El grupo de izquierdas pretende que se excluyan de la contratación y de las ayudas públicas las llamadas "sociedades offshore", llamadas así porque se domicilian en paraísos fiscales que se niegan a compartir información financiera y a respetar los estándares internacionales de intercambio de información tributaria, manteniendo el secreto bancario y la confidencialidad de sus clientes.
A su juicio, el Consell "no puede ser cómplice o coautor de maniobras de elusión de las leyes fiscales españolas, lo que ha permitido a Calatrava ahorrarse varias decenas de millones de euros en el Impuesto de Sociedades por los casi 100 cobrados de la Generalitat".
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