El 15-M, un movimiento que aceleró varias reformas y se introdujo en el debate político

Llegaron de todos los lugares, de todas las clases sociales, de todas la edades. Era la noche del 20 de mayo y la Puerta del Sol —a pesar de la prohibición de la Delegación del Gobierno que pretendía proteger la 'jornada de reflexión'— contaba 19.000 personas identificadas con las proclamas de un grupo de ciudadanos que se hacían llamar "el 15-M" y que, en apenas unas semanas, hicieron de la plaza madrileña una acampada 'indignada' permanente.

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Los carteles del #12M15M

Acudían llamados por todos aquellos asuntos que la clase política no abordaba, pese a ser reivindicados continuamente por la ciudadanía. "Mayor transparencia", "Reforma de la ley electoral", "Austeridad en los cargos públicos", "Un sistema más democrático donde el votante pueda influir más en la política", "Dación en pago"... eran algunos de las proclamas que se abordaron en Sol y, por extensión, en el resto de ciudades españolas que imitaron el movimiento del 15-M para movilizarse en su localidad bajo el lema 'Toma la Plaza'.

Aquel día, dos jornadas antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, la 'Acampada Sol' aprobó en Asamblea un documento con 16 propuestas de regeneración económica, social y democráticas. ¿Qué ha quedado de aquellas propuestas? ¿Han influído en la política española durante el último año? ¿Cuáles de aquellas ideas se implementaron y cuáles fueron completamente ignoradas por los partidos políticos?

En 20minutos.es repasamos los éxitos y fracasos de la 'Spanish Revolution', un movimiento que ha provocado un impacto ideológico fuerte —aunque de resultado desigual— en el debate político español.

Principales logros del 15-M

• "Dación en pago". Dentro de la segunda propuesta del documento ("Atención a los derechos básicos"), el 15-M reivindicaba el "derecho a una vivienda digna y que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda". Una demanda que pretendía poner freno a la avalancha de desahucios que se han producido en los últimos años —328.687 hasta 2011— tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el incremento del desempleo. Respondiendo a las demandas de los 'indignados', varias entidades bancarias anunciaron planes hipotecarios que contemplaban la dación en pago. Y el Gobierno aprobó un Código de Buenas Prácticas "voluntario" para evitar los desahucios, al que se adhierieron inmediatamente entidades como el Santander, Sabadell y Bankinter. Una medida que al 15-M le sigue pareciendo corta y que se verá complementada por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada el 18 de abril para que el Congreso regule la dación en pago con efectos retroactivos y frene los desahucios, que marcaron un récord en 2011: 58.200, un 22% más.
  

• "Transparencia". El 15-M recordó en sus reivindicaciones una vieja demanda hacia los poderes públicos: la necesidad de una ley de acceso a la información pública. Esto es, una Ley de Transparencia como la que ya tenía el resto de países europeos con más de un millón de habitantes. El 23 de marzo fue aprobado un borrador de Ley en el Consejo de Ministros que ponía sobre papel una de las exigencias del 15-M para la regeneración democrática: obligar a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitir a los ciudadanos conocer las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. Dos ONG como Info Access y Coalición Pro Acceso, apoyadas desde un primer momento por el 15-M, tuvieron una importancia fundamental en su implantación. La "transparencia en la financiación de los partidos políticos" para contener la corrupción, sin embargo, es una de las exigencias que de momento han sido ignoradas. El 15-M también pedía una ley que obligase a publicar el patrimonio de los cargos públicos. Y aunque esta legislación no se ha producido, sí se han dado pasos en algunas instituciones —entre ellas el Congreso y el Senado— para reflejar los bienes de los representantes de la ciudadanía.
  

• "Medidas respecto a la banca y mercados". "El artículo 128 de la Constitución determina que toda la riqueza del país está subordinada al interés general", expresaba el documento elaborado por el 15-M, que exigía la nacionalización de las entidades financieras rescatadas. Desde mayo de 2011 han sido varias las entidades con problemas que has sido controladas por el Estado: CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, Unnim y la CAM fueron nacionalizadas, y Bankia ha sido rescatada. Además, durante el mandato del Ejecutivo socialista se levantaron las ventas especulativas en corto al descubierto, una prohición que sin embargo fue levantada posteriormente por la CNMV el pasado mes de febrero. Además, este viernes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar que los bancos amplíen en 75.000 millones su provisión para los créditos al 'ladrillo san0', como parte de la profunda reforma financiera aprobada en el Congreso el pasado mes de febrero.

• "Reforma de las condiciones laborales de la clase política". El movimiento 15-M exigió en su documento consensuado que se abolieran los sueldos vitalicios en la clase política. Atendiendo a las protestas de la calle en este sentido —y a la necesidad de efectuar recortes presupuestarios— el Gobierno anunció el 18 de abril una rebaja en el sueldo de los expresidentes del Ejecutivo un 5,6%. Partidos como UPyD hicieron bandera de la austeridad política proclamada por el 15-M y ejemplificaron al renunciar sus concejales madrileños a los coches oficiales que les correspondían. La austeridad en los cargos políticos fue extendiéndose a medida que los recortes presupuestarios lo iban requiriendo. En el mismo punto del documento se pedía que todas las propuestas que los partidos políticos incluyesen en sus programas electorales tuviesen un carácter vinculante, aunque en este aspecto no se ha producido ningún avance.

Propuestas ignoradas del 15-M

• "Refuerzo de la sanidad y educación pública". En la segunda propuesta del documento consensuado el 20 de mayo ("Atención a los derechos básicos") también se planteaba una "sanidad pública, gratuita y universal", así como el "refuerzo de una educación pública y laica". Ninguna de las dos propuestas ha logrado su cometido. Todo lo contrario. Tanto la sanidad como la educación han sufrido el embate de los recortes presupuestarios del Ejecutivo popular y sus partidas se han visto reducidas en 10.000 millones. Si uno de los requisitos era que la sanidad fuera "gratuita", muy al contrario, el Gobierno abrió la puerta en abril al repago farmaceútico, con un tope de ocho euros al mes para las rentas más bajas. Y en el terreno de la Educación, el Ejecutivo anunció una subida de 540 euros de media en las matrículas universitarias, otra medida que se alejaba de los objetivos expresados por el 15-M.
  

• "Reforma fiscal". Otra de las propuestas surgidas del ágora de Sol fue reformar el sistema tributario español para que fuera más favorable a las rentas bajas, implantar la Tasa Tobin para las transacciones financieras internacionales y suprimir los paraísos fiscales. Ninguna ha sido tenida en cuenta. De hecho, el Gobierno del PP aprobó a finales de 2011 una subida del IRPF completamente opuesta a los requerimientos del 15-M; las rentas más bajas aportarían el 27% del nuevo IRPF y las más altas tan solo el 16%. El dinero en los paraísos fiscales, por otro lado, solo afloró a través de una 'amnistía fiscal' aprobada por el Ejecutivo que preveía la tributación a una tasa reducida del 10% de estos capitales evadidos a la imposición. Y de la Tasa Tobin —pese a que Francia sí aprobó en febrero una mini-tasa para gravar estos movimientos especulativos— aún no se ha debatido en el Parlamento.
  

• "Cambio en la Ley Electoral". El 15-M proponía un sistema de listas abiertas y circunscripción única, donde la obtención de escaños fuera proporcional del número de votos. Defendida por los partidos pequeños como UPyD, IU o Equo —los principales perjudicados por la ley D'Hondt según los resultados de las elecciones del 20-N— la medida necesita de la modificación de una Ley Orgánica y de la Constitución para hacerse efectiva. Y para modificar estos textos, se necesita una mayoría parlamentaria que hasta ahora ostentan los tres partidos más beneficiados (PSO, PP y CiU) por el actual sistema de reparto. En este sentido, es una reforma bloqueada 'de facto' por los partidos que saldrían perjudicados por ella. Aunque hay voces internas en cada partido que las defienden. La presidenta madrileña Esperanza Aguirre defendió en junio de 2011 un sistema de listas abiertas para que "el votante pueda expresar sus preferencias dentro de las listas presentadas".
  

• "Desvinculación verdadera entre Iglesia y Estado". El 15-M se apoyaba en el artículo 16 de la Constitución ("Ninguna confesión tendrá carácter estatal") para exigir que la Iglesia Católica dejase de ser financiada por el Estado y sí por sus fieles. La Comisión de Economía consensuó una propuesta en agosto de 2011 —coincidiendo con la JMJ en Madrid— que pedía suprimir la casilla del 0,7% en la declaración del IRPF (que recauda 250 millones anuales) y acabar con la exención de impuestos como el IBI en los inmuebles de la Iglesia, exentos por el concordato entre España y la Santa Sede y la Ley de Mecenazgo 49/2002. Aunque estos acuerdos siguen vigentes, algunos ayuntamientos, como el de Zamora este mismo martes, ya han planteado comenzar a cobrar el IBI y la tasa de basuras a algunos edificios propiedad de la Iglesia. El PSOE, recogiendo el guante del 15-M, se comprometió en su programa electoral del 20-N a suprimir los "privilegios" que concede la legislación hipotecaria a la Iglesia Católica. Pero el Gobierno ha sido tajante este mismo martes respecto a la relación con la Iglesia Católica. "No hay razón fundada para modificar esa situación", ha remarcado.

• "Abolición de leyes discriminatorias" El documento del 15-M pidió expresamente la supresión de tres leyes: la Ley de Economía Sostenible (conocida popularmente como 'Ley Sinde'), la Ley del Plan Bolonia y la Ley de Extranjería. Pero ninguna de las tres peticiones han sido atendidas. De hecho, la Ley Sinde entró en vigor el pasado 15 de febrero, relanzada por el ministro José Ignacio Wert y apoyada por PP, PSOE y CiU. Un mes después de entrar en vigor el reglamento ya se recibieron 213 demandas presenciales y 79 telemáticas de cierre contra distintas web que vulneran los derechos de autor. En cuanto a la Ley de Extranjería, el Gobierno la ha reformado, pero para restringir más el acceso de los inmigrantes a la sanidad pública y evitar el 'turismo sanitario'. El Plan Bolonia, por último, sigue su curso tras su implantación en 2010.
  

• "Rechazo y condena de la corrupción". ¿Políticos implicados en causa de corrupción y sin embargo presentes en las listas electorales de su partido? El 15-M lo consideró intolerable y por ello exigió que fuera "obligatorio por la Ley Electoral presentar unas listas limpias y libres de imputados o condenados por corrupción". Precisamente en las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron el 22-M, en plena efervescencia de la 'Spanish Revolution', hasta un centenar de políticos implicados en casos de corrupción iban en las listas de todos los partidos, excepto en las de UPyD y PNV. Precisamente el partido liderado por Rosa Díez lanzó un guiño a la solicitud del 15-M y pidió en su programa que los imputados por delitos contra la administración pública no pudieran ser candidatos en procesos electorales. Pero la iniciativa no ha llegado al Congreso. Y una propuesta similar formulada en abril en el Parlament Balear fue rechazada con los votos de PP y socialistas baleares.

• "Recuperación de empresas públicas privatizadas". El documento consensuado por 'Toma la Plaza' solicitaba el regreso de empresas privatizadas al espectro público. Pero la tendencia, a causa de las necesidades de tesorería para rebajar el elevado déficit público, es la contraria. La ministra de Fomento planteó en el pasado Consejo de Ministros la liberalización de servicios de tranporte —algunas líneas del AVE podrían estar en el plan— y una semana antes, el 20 de abril, se abrió la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. La idea del 15-M de recuperar para la titularidad pública algunas de las empresas privatizadas, por lo tanto, no parece entrar en los planes del Gobierno español.

• "Cierre de las nucleares y promoción de las renovables". Contrariamente a estas dos ideas planteadas en el seno del 15-M, el Gobierno ha decidido legislar en el sentido opuesto a ambas propuestas. El Consejo de Seguridad Nuclear dio el visto bueno en febrero de 2012 para que la central nuclear de Garoña ampliase su funcionamiento cinco años más y seguirá de este modo activa más allá del 6 de julio de 2013, fecha que el Gobierno del PSOE fijó para su cierre. ¿Y las renovables? Lejos de fomentar su desarrollo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió en enero paralizar la concesión de ayudas a nuevas instalaciones de energías limpias.
  

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