El nuevo Gobierno andaluz de coalición, reducido de trece a once consejerías, ha provocado un baile de competencias respecto al anterior, y el traspaso más destacable ha sido el cambio de las competencias en ordenación del territorio y urbanismo de Fomento (IU) a Agricultura y Medio Ambiente (PSOE).
De esta forma, la competencia en ordenación del territorio -vinculada al desarrollo del tejido productivo- se queda en manos del PSOE al dejarla fuera de la Consejería de Fomento (IU) y ubicarla en la de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que preside el cordobés y exconsejero andaluz Luis Planas.
Con cinco mujeres y seis hombres, se crea la vicepresidencia de la Junta de Andalucía
Otro de los cambios sustanciales se registra en las competencias de la Consejería de Presidencia, cuya titular Susana Díaz, la número dos del PSOE-A, no solo mantiene las competencias propias con los delegados de gobierno y con los andaluces en el exterior, sino que asume las políticas de igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Instituto de la Juventud.
En el nuevo organigrama (cinco mujeres y seis hombres) tiene también un papel relevante la vicepresidencia de la Junta, de nueva creación, que ocupará Diego Valderas, coordinador general de IULV-CA, que será el primer dirigente de la coalición en ocupar este tipo de cargo en un Gobierno de la Junta.
Valderas, que también será consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, tendrá competencias además en Voluntariado y Participación, Consumo, Cooperación al Desarrollo y Memoria Histórica, responsabilidades que antes residían en la antigua Consejería de Gobernación y Justicia.
Tal y como se esperaba, el presidente José Antonio Griñán ha concentrado en una macroconsejería las políticas económicas de su Gobierno a cuyo frente sitúa a Antonio Ávila, uno de sus hombres de confianza, que ostentará el departamento de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Baile de competencias
Ávila mantiene las competencias salvo política financiera y asume las de Empleo con excepción de Formación Profesional y Políticas Migratorias. Las políticas de Formación Profesional pasan a depender de la Consejería de Educación.
Por su parte, la nueva Consejería de Salud y Bienestar Social aumenta sus competencias en lo relativo a las prestaciones y servicios, a cambio de las de Consumo, que pasan a la Consejería de Administración Local.
La Consejería de Fomento y Vivienda, a cargo de IU, se hace con las competencias en Infraestructuras, Transportes, Vivienda y Arquitectura tras la retirada de las atribuciones en ordenación del territorio y urbanismo.
El pacto de coalición ha supuesto además que se divida la antigua de Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, de forma que IU se queda con Turismo y Comercio, mientras que Deportes pasa a integrase en la Consejería de Cultura, en manos del PSOE.
Los cambios alcanzan igualmente a la departamento de Hacienda y Administración Pública, que añadirá en la próxima legislatura las competencias de Política Financiera y Juego.
Una de las nuevas caras del Gobierno, el fiscal Emilio de Llera, tendrá al frente de la Consejería de Justicia e Interior competencias en Emergencias, Espectáculos, Violencia de Género y Políticas Migratorias.
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