La Comunidad de Madrid tiene en ciernes un nuevo sistema de recaudación. Según ha anunciado Esperanza Aguirre en una entrevista con el diario ABC, su intención es instaurar peajes en determinadas autovías madrileñas para que sean sus usuarios quienes sufraguen su mantenimiento. Una fórmula a la que también se plantea recurrir el Gobierno de Mariano Rajoy.

Un portavoz de la Consejería de Transportes confirmó a 20minutos.es que la fórmula lleva tiempo en estudio, pero que aún no existen plazos para su puesta en marcha. Tampoco están definidos los precios, las fórmulas de cobro —mediante controles de entrada y salida o a través de dispositivos electrónicos— ni el número de vías que podrían verse afectadas.

El portavoz del Ejecutivo, Ignacio González, tampoco dio más detalles este jueves tras la reunión semanal del Gobierno. Sin embargo, confirmó que pedirán a los ciudadanos que "contribuyan" a mantener una red que calificó de "extraordinaria" y en la que la siniestralidad ha descendido "hasta un 60%" gracias a las inversiones realizadas.

En su anuncio, Aguirre menciona expresamente dos carreteras: la circunvalación M-45 y la M-501. Sin embargo, el catálogo no está cerrado.

Desde 2003, cuando Aguirre llegó a la Presidencia regional, su Ejecutivo ha duplicado -o lo está haciendo- otras grandes vías como la carretera de Soto del Real (M-609, 10,3 millones, 4,5 kilómetros), la M-100 en el Corredor del Henares (30,8 millones, 7,7 kilómetros), la M-206 entre Torrejón y Loeches (34 millones, 5,3 kilómetros) o la carretera de Villanueva del Pardillo a Majadahonda (M-509, 5,1 kilómetros, 26 millones).

La Comunidad también considera autovías (dos carriles por sentido) otras carreteras muy usadas como la M-503 (Madrid-Majadahonda), la M-506 (Villaviciosa de Odón-San Martín de la Vega), la de Castilla (M-500), la variante de Alcorcón a Leganés (M-406) o la M-409 (Leganés-Fuenlabrada).

Según los últimos datos oficiales disponibles -cierre de ejercicio 2010- la M-45, la M-501 y la M-407 están entre las diez carreteras más transitadas de la Comunidad de Madrid. Con 98.764, 54.639 y 44.983 vehículos diarios recorriendo su asfalto, ocupan, respectivamente, los puestos segundo, sexto y octavo en la clasificación. La primera posición corresponde a la carretera de Colmenar (M-607, 100.928 vehículos/día), otra autovía.

Aguirre no ha elegido la M-45 y la carretera de los pantanos por casualidad. Junto a la M-501 (Madrid-Ávila) M-407 (Griñón-Fuenlabrada) y la M-511 (carretera de Boadilla), son las únicas vías construidas por el sistema del 'peaje en sombra', que permite a la Administración inaugurarlas en muy poco tiempo pero con un coste económico mucho mayor.

La fórmula es simple. La Comunidad adjudica la obra a una empresa o unión temporal de empresas sin necesidad de disponer del dinero. Las contratantes lo adelantan y dejan la vía lista para circular, comprometiéndose a ocuparse de su mantenimiento —asfaltado, señalización, limpieza— durante un período de entre 20 y 30 años. A cambio, reciben un canon anual en función de los vehículos que transitan por ellas.

En la práctica, como ocurre con los ocho nuevos hospitales regionales o con determinadas líneas de Metro de Madrid, la Comunidad no es propietaria de las carreteras, sino que permanece de inquilina en ellas.

Según los Presupuestos regionales para 2012, la Comunidad deberá pagar a las adjudicatarias de estas cuatro vías un 'alquiler' de 103,58 millones de euros. El dinero público dedicado este año a conservar el resto de la red (unos 2.500 kilómetros de carreteras) asciende a 65 millones, prácticamente la mitad.

La partida dedicada a las concesionarias privadas no ha dejado de crecer en los últimos cinco años y lo ha hecho siempre por encima del IPC. En 2007, el dinero presupuestado para estas empresas ascendía a 77 millones, por lo que se ha incrementado por encima del 35%.

El contrato de la M-45, inaugurada con 37 kilómetros por Alberto Ruiz-Gallardón en marzo de 2002, es particularmente leonino. De hecho, Esperanza Aguirre ha renegado públicamente de él por suponer una ruina para las arcas públicas.

El primer tramo de la carretera —entre la A-2 y el eje de O'Donnell— corresponde a la unión de empresas formada por Abertis, Caja Madrid (hoy Bankia), FCC, Acciona y Nexo durante 30 años. El segundo —entre el eje de O'Donnell y la A-4— es propiedad de Cintra y Abertis, mientras que OHL está detrás del tercero —la conexión entre la A-4 y la A-5—. La titularidad de estos dos últimos es por 25 años. Todas las empresas son contratistas habituales del gobierno autonómico.

La circunvalación costó alrededor de 480 millones de euros a las concesionarias. Gallardón se comprometió a pagar un canon anual de 64,3 millones. Si la Administración terminase de pagar la obra en 2032, el coste final para los madrileños ascendería a 1.923 millones de euros. Los contratos de la Administración con estas concesiones, como los de los hospitales de gestión privada o las líneas de Metro adjudicadas a empresas, no son públicos. Tampoco lo es su rentabilidad.

La conversión de la M-501 en autovía, por su parte, ha sido declarada ilegal hasta en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y por el Tribunal Supremo (TS), ya que se acometió —alegando problemas de seguridad— en zona protegida, sin la imprescindible declaración de impacto ambiental y desoyendo los informes en contra.

La Comisión Europea exigió al Gobierno de Aguirre que realizase esta evaluación. La Comunidad la acometió cuando la carretera ya estaba construida. El TSJM ha ordenado en dos ocasiones que restituya el tramo entre Quijorna y Navas del Rey al estado anterior al desdoblamiento, pero el Ejecutivo se aferra ahora a la falta de presupuesto y al daño ambiental que ello provocaría para no tocar la carretera.

Los peajes, alega Esperanza Aguirre, serían la fórmula de que el coste de estas carreteras no recaiga en todos los ciudadanos, sino en los que realmente disfruten de las mismas. La oposición ha rechazado  por completo el plan.