El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, ha confirmado que los desalojos en viviendas sociales en régimen de alquiler que pertenecen al Gobierno de Extremadura continuarán produciéndose en "toda" la región si existe "incumplimiento flagrante de la ley" por parte de sus inquilinos.
Del Moral ha insistido en que según "el cumplimiento de la ley y los acuerdos firmados" por inquilinos y el Gobierno regional, la Administración "tiene que hacer valer la ley" con el fin de que estas casas "sean usadas para lo que tienen que ser usada una vivienda, que es vivir una familia" y "disfrutar de un hogar".
El consejero sostiene que "hay algunas personas que no hacen esto" y, por tanto, "con la autorización debida de un juez", se procederá al "desalojo de esas viviendas por incumplimiento flagrante de la ley".
"Las semana pasada se produjeron dos desahucios, y se van a seguir produciéndose desahucios a lo largo de toda la región en aquellas viviendas donde tenemos autorización judicial por flagrante incumplimiento de la ley", ha señalado.
Se tapian luego
De este modo, el titular de Fomento ha aclarado que tanto la Policía como la Delegación del Gobierno en Extremadura pedirán "colaboración a la consejería", puesto que es la propietaria de estos pisos, para que cuando "se produzcan los desahucios", Fomento asista a "recoger los muebles" y "tapiar las viviendas". La consejería ostenta la titularidad de unas 15.000 viviendas en la región.
Una vez reparadas, porque, según el consejero "la mayoría quedan en un estado lamentable", éstas "serán entregadas a familias que están muy necesitadas en estos momentos de crisis y que de verdad realmente son las que las merecen".
Del Moral ha explicado que en el 95% de los casos, los propietarios cumplen con las "obligaciones" requeridas por el Gobierno autonómico, "son buenos ciudadanos, cumplidores con la ley", pero que hay pero "hay un 5% escasamente" que no lo hace.
Cabe recordar que los desahucios de familias conflictivas que ocupan viviendas sociales se están produciendo desde hace algunas semanas, después de que la Delegación del Gobierno tomase la decisión de adoptar esta medida para garantizar la convivencia. Este instrumento fue formulado públicamente por vez primera por el sindicato policial Confederación Española de Policía (CEP).
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