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El nuevo reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que prepara el Gobierno encomienda a las ONG la tarea asistencial y de ocio de los internos y dejará en manos de la policía únicamente la seguridad de los recintos. Asimismo, la normativa priorizará el ingreso de personas que hayan cometido algún delito y cuya expulsión, por lo tanto, sea prioritaria.
El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha explicado este lunes, durante una visita al CIE de la Zona Franca de Barcelona, algunas de las líneas generales del reglamento, que espera que tenga un texto definitivo para ser aprobado como real decreto este verano.
La intención del Ejecutivo es que en estos centros, donde los inmigrantes pueden pasar hasta 60 días antes de su expulsión, solo ingresen las personas que realmente serán deportadas. De hecho, Ulloa ha asegurado que el Gobierno no deportará a los extranjeros que, sin tener la documentación en regla, acrediten arraigo social en España.
El secretario de Estado ha recordado que son los jueces los que ordenan las expulsiones y ha informado de que durante el 2011 el CIE de la Zona Franca de Barcelona albergó a 1.942 inmigrantes, de los que 949 fueron repatriados con una expulsión ordinaria y otras 690 con una expulsión cualificada, que es la que se ordena para personas condenadas a una pena inferior a seis años como pena sustitutiva.
En el primer trimestre de este año, un total de 394 inmigrantes han ingresado en el CIE de Barcelona, de los que 222 han sido expulsados con una orden ordinaria y 193 con una orden cualificada. Ulloa ha resaltado que mientras en otros países europeos la legislación establece que los inmigrantes pueden permanecer entre 6 y 18 meses en estos centros, en España el plazo máximo son 60 días.
Agentes con formación específica
Dentro de las líneas generales del reglamento se incluye también que los agentes destinados a los CIE tengan una formación específica en inmigración y aplicar un criterio de transparencia; de esta manera, los centros cambiarán su denominación.
Ulloa, que ha abierto este lunes por primera vez las instalaciones del CIE de Barcelona a un centenar de periodistas que han podido filmar todas las dependencias, ha avanzado que estos centros dejarán de llamarse CIE y el nuevo nombre será Centros de Estancia Controlada de Extranjería (CECE).
El nuevo reglamento, pendiente de elaboración desde 2004, establecerá también el régimen de vida de los internos en los CIE y los hará homogéneos para todos los centros de España, ya que ahora cada uno funciona a su manera.
Áreas de esparcimiento
La normativa, según el secretario de Estado, está pensada para "preservar y garantizar todos los derechos y libertades" de las personas internas, excepto "la libertad de deambulación".
"La idea básica es conciliar todos los derechos de estas personas con el régimen de funcionamiento del centro", ha dicho Ulloa, que ha avanzado que el reglamento "atribuirá las tareas asistencial y de actividades a los expertos de las ONG".
"Pretendemos garantizar una estancia lo más liviana posible a los internos y que para ello el reglamento fijará que haya áreas comunes de esparcimiento y ejercicio y actividades de ocio y cultura", ha explicado Ulloa.
El secretario de Estado ha defendido que todos los centros cuentan con servicios sanitarios adecuados, que en el caso de Barcelona son atendidos por una doctora y tres ATS, aunque la presencia de la facultativa se limita al horario de mañana y los ATS están de 8 de la mañana a las 10 de la noche.
En horario nocturno, si un interno requiere asistencia se llama a los servicios de urgencias y se traslada al enfermo a un centro hospitalario. Ulloa ha adelantado que el reglamento dejará abierta la posibilidad de que la asistencia sanitaria de los CECE sea concertada con la sanidad pública, aunque ello dependerá de la voluntad de cada comunidad autónoma.
Todas las denuncias, investigadas
El secretario de Estado ha negado que en los CIE se practiquen malos tratos a los internos pendientes de expulsión y ha asegurado que todas las denuncias que se presentan son investigadas por las instancias judiciales que fiscalizan el funcionamiento de estos centros.
En el caso del inmigrante guineano que falleció el pasado 6 de enero en el CIE de Barcelona, muerte que suscitó el inicio de una campaña para el cierre de estos centros, Ulloa ha recordado que el interno falleció por un infarto y que la investigación interna y judicial no ha encontrado ningún indicio de negligencia, aunque ha reconocido que el caso ha destapado que podría mejorarse el servicio de traducción y la comunicación con los servicios de urgencias.
En este sentido, Ulloa, que ha sustituido a última hora al ministro del Interior, que era el que había anunciado su visita al CIE de Barcelona, ha replicado a los que "hablan de penumbra jurídica" de estos centros recordándoles que están sometidos a la vigilancia de jueces y fiscales.
En la visita, Ulloa ha estado acompañado de la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, y el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó.
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