Las razones ambientalistas no convencieron a La Haya para detener la construcción de papeleras en el río Uruguay

Argentina no ha convencido a la corte de que las papeleras causarán un daño irreparable" al medio ambiente, señaló la presidenta del tribunal, Rosalyn Higgins, al dar lectura a la decisión.

Según el máximo tribunal de justicia de Naciones Unidas, el daño argumentado por las autoridades argentinas "no es inminente", ya que las papeleras no serán operativas hasta agosto de 2007 y junio de 2008.

Por ello, "la Corte no va a pedir en este momento la suspensión de las obras", añade el fallo, que explica que "las circunstancias no son como para emitir medidas provisionales".

Higgins destacó que "es necesario" tener en cuenta el interés de las partes en mantener la calidad de agua del río Uruguay para asegurar el desarrollo económico y la calidad de vida.

Este anuncio no prejuzga la decisión de fondo del tribunal sobre la petición de Argentina para que se prohíban las papeleras, y para la que no hay una fecha prevista, aunque se espera una agilización de los trámites tras la decisión de la CIJ.

Según Buenos Aires, la actividad de las dos papeleras causará un grave daño medioambiental al río, mientras que Montevideo niega ese perjuicio y resalta la importancia económica de esas dos instalaciones para su país.

Largo litigio

Tras años de conflicto sobre este tema sin conseguir una solución bilateral, el pasado mayo Argentina decidió elevar el litigio ante la CIJ, creada en 1946 por la Asamblea General de la ONU para dirimir en contenciosos entre Estados.

Los pasados 8 y 9 de junio, Argentina y Uruguay presentaron ante los jueces de la Corte sus argumentos a favor y en contra de dar vía libre al emplazamiento de las papeleras.

Argentina encontró la base jurídica de su denuncia contra Montevideo en el denominado Estatuto del Río Uruguay, tratado suscrito por ambos países en 1975.

La violación de ese tratado se produjo, según Argentina, porque Uruguay autorizó unilateralmente la construcción de las dos papeleras, propiedad de la firma española Ence y la finlandesa Botnia, en lugar de hacerlo bajo la gerencia común entre los dos países, como lo estipula ese acuerdo.

La española Ence no se pronuncia

La empresa española no hará ninguna valoración sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Las resoluciones de la CIJ "permanecen en el ámbito judicial y sus decisiones vinculan a los países que acuden a su jurisdicción y no a otros, por lo que no tenemos mayor opinión al respecto", señalaron fuente de Ence en un comunicado.

Al mismo tiempo, indicaron que la empresa "se encuentra en pleno proceso de valoración y análisis" de las siguientes fases de las obras de la planta, "una vez que se concluyó con la preparación y adecuación de los terrenos".