El ‘mobbing’ inmobiliario echa a vecinos antiguos del Albaicín

El Albaicín perderá en poco tiempo sus raíces si no se hace nada para evitarlo. Los vecinos más antiguos del barrio (la mayoría son personas mayores o con pocos recursos económicos) aseguran estar sufriendo una gran presión por parte de los propietarios de los inmuebles para que abandonen sus casas.
El motivo no es otro que el valor que la vivienda ha registrado en los últimos años en esta zona de la ciudad (el metro cuadrado cuesta 2.400 euros mientras que la media de la capital ronda los 1.500 euros). En el Albaicín, un barrio de 10.000 habitantes, los precios se han disparado, un pastel que pretenden repartirse nuevos propietarios con alta capacidad adquisitiva.

En concreto, las calles peatonales del barrio concentran la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias que persiguen beneficiarse de las plusvalías.

Bajas indemnizaciones

La operación es sencilla. El antiguo propietario vende el edificio a otro con los inquilinos dentro, y éste, a su vez, presiona a los habitantes del inmueble a que renuncien al alquiler (suelen pagar rentas muy bajas contratadas hace unos 20 años).

A cambio les dan una indemnización de 18.000 euros de media, porque una vez pasado tantos años nos los pueden echar. Así, el nuevo dueño en lugar de cobrar por el arrendamiento unos 30 euros (en los alquileres más antiguos) sube el precio y lo sitúa entre 270 y 400 euros.

Esta situación se ha dado en los últimos días, por ejemplo, en la plaza de los Carvajales, donde uno de los propietarios vendió un inmueble de ocho apartamentos por casi 400.000 euros. El actual dueño indemnizó a cada inquilino con unos 18.000 euros para poner a la venta los pisos, de 50 metros cuadrados, por algo más de 200.000 euros cada uno.

Una operación similar se repite en la calle Santísimo, en la Cuesta Beteta, en las calles Gloria y Zafra y en la plazoleta de San José, según denuncian los propios inquilinos. Éstos se ven obligados a marcharse a otros barrios:  «No cumplimos las expectativas de negocio de estas empresas y, por eso, intentan echarnos para enriquecerse», critica Eva Sáez Núñez, una de las afectadas.

En Sevilla hay una oficina de denuncia

Se creó hace un año para prestar asesoramiento técnico y jurídico a los inquilinos que se encuentren en esta situación. Ha llegado a expropiar un edificio a su dueño por no conservar el inmueble y a tramitar más de 500 casos.