Las rencillas que mantienen la Junta Militar y los influyentes Hermanos Musulmanes no son exclusivas de la arena política en Egipto: ambos buscan el poder económico en una lucha de la que poco se conoce.
El general Mahmud Nasr, consejero financiero de la Junta Militar (actualmente en el poder), ponía recientemente sobre la mesa una de las líneas rojas que defenderán con uñas y dientes para la futura Constitución. Nasr se refería al presupuesto castrense, cuyo control recae sobre los militares, contrarios a cederlo al Parlamento, dominado por los Hermanos Musulmanes y otros islamistas.
Defenderemos nuestros proyectos. Los hemos construido durante 33 años y no se los daremos a nadie para que los destruya"Defenderemos nuestros proyectos. Los hemos construido durante 33 años y no se los daremos a nadie para que los destruya", apuntó el asesor de forma inesperada ante los periodistas, pese al secretismo que rodea esta cuestión.
No se trata solamente de manejar la ayuda militar de mil millones de dólares que Egipto recibe cada año de Estados Unidos, sino del conglomerado empresarial que las Fuerzas Armadas se han ido forjando en la sombra desde el mandato del presidente Anuar el Sadat, asesinado en 1981.
Aunque Nasr matizó que los gastos militares solo representan el 5 % del presupuesto del Gobierno y que sus cuentas están supervisadas por una entidad estatal, persisten las dudas sobre la magnitud de sus actividades.
Lo que empezó como una cadena de producción para garantizar el consumo de las Fuerzas Armadas fue derivando a una tupida red de empresas, destacaba esta semana el secretario general de la Federación de Cámaras de Comercio de Egipto, Alaa Ezz.
Un ejemplo de esas compañías es la Organización de Proyectos de Servicio Nacional (NSPO, según sus siglas en inglés), que comercializa agua mineral, pasta, comida enlatada, productos agrícolas y hasta instrumentos ópticos.
"Los militares no tienen derecho a tener una economía especial, opuesta a la unidad del Estado", argumentaba el analista Ahmed el Nagar, del centro de estudios Al Ahram, quien responsabiliza del sospechoso crecimiento de estos negocios al régimen de Hosni Mubarak (1981-2011).
Esa opinión la comparte la rama política de los Hermanos Musulmanes, el Partido Libertad y Justicia (PLJ), que considera que las Fuerzas Armadas deben limitarse a la defensa nacional y su presupuesto tiene que debatirse en el Parlamento, aunque sea en secreto.
El diputado del PLJ Mohamed Guda augura largas negociaciones para evitar que se produzca otro choque entre la Cámara Baja y el Ejército, ya de por sí enfrentados en la traumática transición democrática.
Frente al poderío militar, los islamistas han impulsado redes empresariales que dejaron atrás la persecución de Mubarak y ahora buscan socios aprovechando sus vínculos políticos.
Esta semana, por ejemplo, la nueva Asociación para el Desarrollo de los Negocios Egipcios (EBDA, en inglés), que agrupa a unas 200 empresas y encabeza el dirigente de los Hermanos Musulmanes Hasan Malek, se reunió con empresarios españoles.
Malek compartió años de prisión con Jairat al Shater, el descalificado candidato presidencial de los Hermanos, y ahora preside este grupo de presión en el que participan conocidas marcas egipcias como Yuhayna (alimentación), Istikbal (muebles) o Al Ezz (cultivos). La asociación, donde caben distintas tendencias además de los islamistas, propugna una nueva ética empresarial frente a la corrupción de los años de Mubarak.
Pese a esta voluntad de transparencia, resulta difícil cuantificar el valor real de las empresas controladas por miembros de los Hermanos Musulmanes que, según los analistas, suelen actuar a título individual o en familia.
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