La banca española se comprometerá a que el crédito fluya a las pequeñas y medianas empresas, si el Gobierno y el Banco de España consiguen una fórmula que les libre del peso del ladrillo, según han informado esta semana fuentes financieras.
El Gobierno desveló a finales de la semana pasada que el Banco de España busca una vía para que las entidades puedan sacar de sus balances activos inmobiliarios problemáticos, principalmente suelo, con el fin de gestionarlos por separado y facilitar su venta. Las entidades coinciden en que el saneamiento adicional del riesgo inmobiliario exigido por el Gobierno, próximo a los 54.000 millones, no contribuye a que aumente el crédito y advierten de que tampoco ha servido para tranquilizar a los mercados.
La idea con la que se trabaja en estos momentos permitiría a los bancos españoles traspasar sus activos tóxicos a sociedadesEl banco Goldman Sachs echó más leña al fuego y aseguró esta semana que a esa cantidad habría que sumarle otros 58.000 millones porque la economía no mejora y los balances de la banca siguen deteriorándose con más activos problemáticos. Como alternativa para recuperar la confianza en el sector financiero español, la entidad estadounidense propone crear un 'banco malo' que agrupe todos esos activos y que tendría un coste menor, unos 21.000 millones.
Una solución no exenta de incógnitas
No obstante, el Gobierno no contempla esa opción y aspira a encontrar, junto al Banco de España, una opción para que la banca pueda sacar de su balance los inmuebles adjudicados y quizá incluso los préstamos dudosos de promotores.
Solo con la partida de inmuebles adjudicados, Bankia sería la principal beneficiada, ya que a mediados de 2011 su cartera rozaba los 11.000 millones, seguida del Santander, con unos 9.200 millones y CaixaBank con Banca Cívica, con cerca de 8.100 millones.
El conjunto del sector aplaude la posibilidad de desprenderse de sus activos problemáticos porque piensa que les colocaría en una posición más cómoda para cumplir su misión: financiar la economía. Desde uno de los grandes bancos explican que la idea con la que se trabaja en estos momentos permitiría a los bancos españoles traspasar sus activos tóxicos a sociedades, siempre que antes hayan conseguido sanearlos en la proporción que exige el Gobierno.
La clave está en que esa sociedad, aunque esté participada por una o varias entidades financieras, no esté controlada por ninguna de ellas, con el fin de que compartan riesgos y ninguna se vea obligada a incluir esos activos en sus cuentas.
Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo cómo financiar la creación de estas sociedades, porque desconfían de que los fondos de inversión puedan ser una solución interesante.
Diferentes propuestas
Mientras esperan que el Ministerio de Economía y el Banco de España aporte alguna idea, barajan desde ya diferentes propuestas. Una de ellas propone que se permita a las nuevas sociedades emitir deuda con aval del Estado para entregársela a las entidades financieras como pago por sus activos tóxicos que entreguen voluntariamente.
De esta forma, los bancos se libran de gran parte de su riesgo inmobiliario y pueden descontar ante el Banco Central Europeo (BCE) la deuda que han recibido con el canje, con el compromiso de aumentar el crédito a la economía real con la liquidez obtenida.
Además, sugieren que si en lugar de nuevas sociedades, el suelo en manos de los bancos lo adquiriera directamente el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), se podría ir vendiendo con el paso del tiempo, para evitar pérdidas, o directamente destinarlo a la promoción de equipamientos públicos.
En cualquier caso, lo que está claro es que el sector financiero mantiene su tesis de que sería conveniente que el Estado preste algún apoyo.
Abogan, por ejemplo, por que el Fondo público de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) preste recursos al FGD para que éste tenga capacidad para afrontar la compra de los activos problemáticos, además de para subastar las entidades en manos del Estado. En última instancia, la banca recuerda que está la opción de que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el Fondo Monetario Internacional adquieran la deuda que el FGD o las sociedades inmobiliarias emitieran al hacerse cargo de los activos tóxicos.
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