Emilio Botín de nuevo en los juzgados

Delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida, derivados de la entrega en 1994 del 1 por ciento de las acciones de Banesto a 13 directivos.

Son los delitos que que el juzgado de instrucción número 3 de Santander que acaba de abrir un proceso contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, al que le toca regresar a los juzgados para un juicio oral.

Junto a Botín, están imputadas otras ocho personas que eran miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander cuando se entregaron las acciones de Banesto.

Querella de Banesto

Esta causa se inició a raíz de una querella del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y en ella se investiga si el Santander cometió un delito fiscal al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los 13 directivos que puso al frente de Banesto para que lo reflotaran.

El grupo Santander sostiene que "el banco ha actuado siempre con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos, a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto tras su adquisición por Banco Santander".

"El pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley y, por lo tanto, de forma más favorable para Hacienda que si se hubiera seguido el criterio manteniendo por la acusación", afirmaron las citadas fuentes.

De hecho, añadieron, "se pagó el triple de lo que hubiera resultado de seguirse el criterio de Hacienda que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación".

La otra versión

Frente a esta versión, las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción, Pérez Escolar y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC)- mantienen que el Santander debería haber efectuado las retenciones en 1994, en el momento de entregar los 6,47 millones de acciones de Banesto a 400 pesetas -su valor nominal-, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas.

Las diligencias sobre este caso se encuentran repartidas en cuatro provincias (Madrid, Vizcaya, Barcelona y Santander), vinculadas al lugar de residencia de cada uno de los directivos de Banesto en 1994 y a la sede del Grupo Santander.

Varios juzgados de estas provincias analizan desde hace seis años una irregularidad tributaria ligada a 6,47 millones de acciones de Banesto que recibieron estos ex directivos, condicionadas al Plan de Viabilidad de la entidad financiera intervenida en 1993.

Una vez fue adjudicado el Banesto al Banco Santander en abril de 1994, el presidente del Santander, Emilio Botín, ofreció seis millones de acciones del banco intervenido -un 1 por ciento del capital social- a Sáenz y su equipo de directivos.

Mediante un acuerdo con los directivos y el Bank of America, el Banco Santander mantuvo su derecho de recompra sobre estas acciones hasta septiembre de 1998, una vez fue presentado el Plan de Saneamiento de Banesto y el banco que preside Botín dio por alcanzados los objetivos marcados.

Fuentes de la defensa de Sáenz -quien fue designado por el Banco de España administrador de Banesto en diciembre de 1993- recuerdan que en 1998, cuatro años después de este acuerdo de cesión de acciones, el banquero hizo frente a sus obligaciones fiscales y que, por ello, no habido daño a las arcas públicas.