El periódico, que cita 'diferentes y dispares fuentes conocedoras del proceso', afirma que el Ejecutivo se comprometió a no realizar detenciones, a aceptar 'de facto' la participación de la izquierda 'abertzale' en la vida política y a respetar la decisión de los ciudadanos del País Vasco y Navarra.
ETA asumió por su parte en ese acuerdo a no realizar 'acciones contra personas y bienes', ni realizar otras actividades de abastecimiento de armas o de explosivos, según el diario.
Gara añade que otra de las garantías que debía proporcionar el Gobierno sería la 'disminución de la presencia policial y la desaparición de presiones policiales, algo que aún no se ha constatado'.
El periódico señala que se han producido 'al menos 35' detenciones desde el alto el fuego y 'un goteo de prohibiciones judiciales o policiales', aunque destaca que 'se ha producido también un paso significativo: la reunión pública entre el PSE y Batasuna'.
El periódico, próximo a la izquierda 'abertzale', señala que el acuerdo llegó tras unas negociaciones que duraron ocho meses, y que comenzaron en junio del año pasado.
No es la primera vez que se habla de supuestos acuerdos previos entre el Ejecutivo y la banda anteriores al anuncio de alto el fuego, pero el Gobierno siempre ha negado que exista ningún compromiso con ETA.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió desde Rabat, donde asiste a una cumbre euro-africana, que la acción del Gobierno respecto a ETA respondía a tres ideas: Constitución, Estado de Derecho y ley de partidos.
'Cuando iniciemos el diálogo con ETA yo mismo iré al Parlamento a explicar a los portavoces el contenido de dicho diálogo y calculo que esa comparecencia, esa reunión, se celebrará a finales de septiembre', declaró el ministro.
En una entrevista publicada en mayo por Gara, dos miembros de ETA instaron al Gobierno a cumplir sus compromisos. Además, en un comunicado hecho público a finales de junio, la banda dijo que 'para poder desarrollar un proceso de negociación, las autoridades españolas deben adoptar y cumplir sus compromisos de 'alto el fuego''.
DENUNCIA DEL PP
Por otra parte, el secretario general del Partido Popular vasco, Carmelo Barrio, presentó el lunes una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra los cinco participantes en la reunión que el pasado jueves mantuvieron en San Sebastián dirigentes del PSE y Batasuna.
La denuncia del PP vasco está dirigida contra los dirigentes de los socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares, así como contra Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria y Olatz Dañobeitia, representantes de la ilegalizada Batasuna, por considerar que la reunión podría ser un supuesto delito de desobediencia.
Patxi López aseguró sentirse sin embargo 'muy tranquilo' porque la reunión 'fue permitida por un juez, al juez que le correspondía dictaminar sobre ella, no es el Partido Popular quien imparte justicia en este país afortunadamente'.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, había autorizado el encuentro argumentando que había sido convocado por un partido legal y que si se quebrantaba la ley era algo que habría que establecer a posteriori.
/Por Blanca Rodríguez/


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