Pocas semanas después de la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, las tiendas de venta directa al público han comenzado a recibir la visita de auditores que, aparte de exigir el pago del canon, solicitan documentación y facturas, según publica el diario Expansión y recoge la Asociación de Internautas.
Josep Jover, presidente de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), explica que "en apenas dos años el 3% de los minoristas se ha visto obligado a cerrar" por la imposibilidad de hacer frente al pago de las cantidades reclamadas.
Dichas cantidades se exigen en concepto de compensación por copia privada y llegan -como en el caso de una empresa de Murcia- hasta los 600.000 euros.
Unas 200 empresas que se han negado a pagar o a proporcionar la información solicitada por los auditores se encuentran actualmente inmersas en procesos judiciales.


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