La primera denuncia fue dirigida contra el actual concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Juan Cruz Sánchez, que posee cinco viviendas, dos VPO, por lo que Fomento abrió expediente.
También se vinculó al diputado provincial Dionisio Miguel Recio porque su hija es la encargada de la constructora Mahía en Valladolid. Esta empresa está ligada a dos recalificaciones urbanísticas y ha vendido pisos «muy por debajo de su precio de mercado» a otros cuatro cargos populares: el procurador Federico Sumillera, el delegado territorial de la Junta, Jesús García Galván, y el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez.
Además, según puso de manifiesto el PSOE, el secretario general de Fomento entre 1987 y 1991, Enrique Martínez Méndez, y el ex alcalde de Pedrajas de San Esteban, Ángel Rincón, son socios de la empresa La Cárcaba, que vendió a Mahía por 9 millones de euros un suelo que compró por 60.000 euros.
El Partido Socialista asegura que están vinculados con el caso el procurador Raúl de la Hoz, asesor jurídico de Arroyo y el anterior alcalde, Elisardo Fernández.
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