También se vinculó al diputado provincial Dionisio Miguel Recio porque su hija es la encargada de la constructora Mahía en Valladolid. Esta empresa está ligada a dos recalificaciones urbanísticas y ha vendido pisos «muy por debajo de su precio de mercado» a otros cuatro cargos populares: el procurador Federico Sumillera, el delegado territorial de la Junta, Jesús García Galván, y el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez.

Además, según puso de manifiesto el PSOE, el secretario general de Fomento entre 1987 y 1991, Enrique Martínez Méndez, y el ex alcalde de Pedrajas de San Esteban, Ángel Rincón, son socios de la empresa La Cárcaba, que vendió a Mahía por 9 millones de euros un suelo que compró por 60.000 euros.

El Partido Socialista asegura que están vinculados con el caso el procurador Raúl de la Hoz, asesor jurídico de Arroyo y el anterior alcalde, Elisardo Fernández.