La ministra de Sanidad, Ana Mato, se reúne con los consejeros del ramo la posibilidad de instaurar una nueva forma de repago farmacéutico, que se establecerá en función de la renta de cada ciudadano, como una de las medidas que permitan ahorrar 7.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS).
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¿Te parece bien que los pensionistas paguen el 10% de los medicamentos?
El Consejo Interterritorial de Salud ha arrancado rodeado de protestas de medio centenar de asociaciones de diferentes ámbitos, que a gritos de "no hay pan para tanto chorizo" o "yo ya pago, no al repago", se han concentrado a las puertas del ministerio de Sanidad.
Sanidad plantea a las comunidades autónomas que los pensionistas paguen el 10% de los medicamentos que se les recete, con límites para evitar perjudicar a los enfermos crónicos, y que los activos paguen el 50%, en lugar del 40% actual, lo que supondría el fin de la gratuidad de las medicinas para los jubilados, según fuentes del PP.
Según denuncian a 20minutos.es las asociaciones de jubilados, casi cinco millones "sobreviven como con menos de 641 euros al mes".
Se establecerían límites para evitar perjudicar a los enfermos crónicos Los pensionistas, que ahora no pagan por las recetas, deberían abonar el 10% del precio de los medicamentos, aunque si gastan más de diez euros al mes durante tres meses consecutivos se les devolvería el dinero abonado por encima de los 30 euros.
Con esta salvaguarda se intenta no perjudicar a los enfermos crónicos, que necesitan medicamentos de forma recurrente y constante, según las mismas fuentes.
Sin embargo, según han adelantado la propia Mato entre otros ministros del Ejecutivo, este sistema de financiación de los medicamentos se podría reemplazar, en consenso con las Comunidades Autónomas, por otro que fije el pago en función de la renta de los pacientes, de forma que abonen más quienes más dinero tienen.
El tope serán 20 euros al mes
El tope mensual para los jubilados con las pensiones más altas se establecería en los veinte euros. El Gobierno quiere con la reforma establecer un pago según renta para que la medida sea equitativa, han añadido.
Así, los ciudadanos activos que ahora pagan el 40% del precio de los medicamentos recetados abonarán un 10% más, pero si su renta supera un determinado umbral, que podrían ser los 100.000 euros anuales, pagarían un 20% más, es decir, el 60% del precio del fármaco.
Los pensionistas con más renta pagarían el 20% de los fármacos Está en estudio, según las fuentes consultadas, cómo proteger a las rentas más bajas o a los parados sin prestaciones.
Ésta es una de las propuestas que se abordan en el Consejo Interterritorial de Salud después de consultar posibles iniciativas de ahorro con los consejeros autonómicos de Sanidad, y que se aprobará previsiblemente en el Consejo de ministros del viernes mediante un real decreto.
El Consejo Interterritoria tiene por objetivo lograr un "acuerdo de medidas de sostenibilidad" para este servicio público, amenazado por la crisis económica.
El primer incremento en 3o años
El aumento de la cuantía del porcentaje del precio del medicamento supone el primer incremento porcentual en más de treinta años que tendrán que pagar los beneficiarios de la Seguridad Social.
Los pensionistas fueron eximidos de pagar por los medicamentos en el real decreto 945/1978, aprobado el 14 de abril de 1978, que también determinó que los trabajadores en activo pagarían el 20% del precio de los medicamentos y, desde enero del año siguiente, el 30. El porcentaje se incrementó al 40% en 1980.
Tratamientos que no cubriría la sanidad pública
Sacar de la financiación pública algunos tratamientos y revisar la cartera de servicios de la Sanidad pública son otras pautas que podrían acordarse en esta reunión. Para conseguir este fin, tendrá que convertirse en realidad el proyecto de tarjeta sanitaria única para toda España, donde figuraría la información fiscal de cada usuario.
En la agenda del Consejo figura la presentación de un informe en el que se proponen mecanismos de actualización y aportación reducida en la prestación farmacéutica, y la definición de los criterios mínimos de ordenación de este sector.
También se estudia sacar de la financiación pública algunos medicamentos para dolencias menores y conseguir el mejor precio para tratamientos y productos sanitarios a través de una central de compras.
Una de las medidas más destacadas en la que trabajan las autoridades es la de controlar el denominado "turismo sanitario", tanto de los europeos que residen en España como de aquellos que utilizan este servicio en las épocas vacacionales.
Sacar de la financiación pública algunos tratamientos y revisar la cartera de servicios de la Sanidad pública Mato y los consejeros de Sanidad decidirán en qué puntos se revisará la cartera de servicios para evitar gatos innecesarios, aunque ya se ha avanzado desde el Gobierno que se recortarán, por ejemplo, los transportes sanitarios, las operaciones de cambio de sexo y los tratamientos de fertilidad.
En este marco se informará sobre el nuevo Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) para atender los gastos de las personas que reciben atención fuera de la comunidad autónoma en que están domiciliadas.
Se darán a conocer también un análisis sobre la evolución del consumo de medicamentos genéricos, otro sobre la ordenación profesional del personal sanitario así como un programa de aprovechamiento y ahorro en el fraccionamiento del plasma español.
Las autoridades sanitarias analizarán además qué actuaciones adoptar en relación a la queja europea sobre la práctica de ciertos hospitales públicos españoles de rechazar la tarjeta sanitaria europea (TSE) cuando el paciente tiene seguro médico privado.
Además, Mato presentará finalmente a los consejeros una propuesta de actuaciones de colaboración y coordinación en relación al caso de los "niños robados".
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