El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que la prisión permanente revisable que el Gobierno tiene previsto implantar mediante una modificación del Código Penal, se aplicará "exclusivamente" a los delitos de terrorismo.

El pasado mes de enero, el titular de Justicia ya avanzó sus intenciones en el Congreso, asegurando que la medida sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social. Esto ya se aplica en muchos países europeos y supone condenas a prisión indeterminadas que son revisadas cada cierto tiempo, dependiendo de cada legislación.

Durante un desayuno organizado por Europa Press, el ministro ha especificado que la pena -equivalente a la cadena perpetua- únicamente puede aplicarse a aquellos casos en que "la sociedad considera que no hay años bastantes para que una persona recupere la libertad por el daño realizado". Asimismo, ha anunciado el endurecimiento de penas en relación con los delitos a menores", sobre todo en los de índole sexual.

Por otro lado, ha confirmado que, antes de que acabe el año, remitirá a las Cortes un proyecto de reforma de la Ley del Aborto y que ha Audiencia Nacional "seguirá existiendo".

Por otro lado, el ministro ha definido al rey don Juan Carlos como el "principal activo" de la democracia española y ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy se siente "profundamente comprometido" con el futuro de la Corona.  Además, ha defendido que el Príncipe de Asturias se ha ganado ya su espacio en la sociedad mientras que ha resaltado su "calidad humana" y su preparación jurídica y política.

El titular de Justicia ha reflexionado que los comentarios suscitados a raíz del viaje a Botsuana del Rey no se tratan de "conversaciones" de "café", sino que se habla en ellas del "principal activo de la democracia española".

El ministro de Justicia ha calificado, por otra parte, la nacionalización de la empresa YPF por parte del Gobierno argentino como "un error político extraordinario" y ha adelantado que el Estado español responderá "a través de organismos internacionales" y en sus relaciones bilaterales.

En opinión de Ruiz-Gallardón el Ejecutivo argentino ha antepuesto en este caso "las razones políticas a las razones de equidad" y ha lanzado "un mensaje negativo a la hora de ser seleccionado como uno de los actores importantes" del panorama internacional.