El Defensor del Pueblo ha recibido en el último año quejas de grupos violentos antifascistas que actúan en el Sur de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo, según se desprende del informe de 2011 elaborado por esta institución.

Este es el caso de un padre, que informa a la institución de que su hijo fue apuñalado tras ser éste atacado por varios jóvenes violentos pertenecientes a un grupo extremista radical, debiendo ser operado de urgencia, tras lo cual le quedaron secuelas de las que no se ha recuperado.

Según afirmaba en su queja, la única persona detenida e ingresada en prisión había sido uno de los integrantes de dicho grupo denominado VCA (Valdemoro y Ciempozuelos Antifascista), integrado en las Brigadas Antifascistas, "protagonistas de numerosos hechos violentos en muchos municipios del sur de Madrid y Toledo desde el año 2009 hasta la actualidad".

Sin embargo, a juicio del compareciente, no había existido una debida investigación de las actividades que realizaba el citado grupo, por parte de la Guardia Civil, manifestando que este grupo había realizado numerosas agresiones a menores de edad "e incluso colocado pancartas de apoyo a ETA y organizado conciertos de música radical en municipios de la zona".

En contestación a lo solicitado, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil trasladó al Defensor del Pueblo información sobre el control y la vigilancia de la evolución de los grupos violentos organizados, en el sentido de que constituyen un objetivo prioritario para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en general, y para la Guardia Civil, en particular.

Por ello, la existencia de este tipo de grupos, al margen de su grado de organización, su presencia más o menos prolongada en el tiempo o el número de hechos protagonizados por las personas que con ellos se identifican, es objeto de una especial y constante observación por parte de los distintos cuerpos policiales territorialmente competentes, desde hace ya varios años, al estar asociados aquellos, en ocasiones, a actos vandálicos, actitudes xenófobas, delitos contra las personas, etcétera.

Ha sido también objeto de investigación por parte de esta institución de la situación expuesta por un ciudadano residente en Alcalá de Henares que afirmaba que en el barrio de Espartales Sur de esta localidad, existía un grave problema de inseguridad ciudadana y no se habían adoptado las medidas necesarias para resolverlo. Según señalaba el compareciente, a pesar de las reiteradas denuncias, la situación no había experimentado ninguna mejora.