El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, el único de toda la región, luce una  fachada repleta de colores vivos que le dan un aire de escuela infantil, como si fuera un centro cultural o una biblioteca. Sin embargo, la realidad que esconde su interior dista mucho de esa apariencia inofensiva: denuncias por maltrato y hacinamiento, fallecimientos...

El último suceso, ocurrido la semana pasada, y que propició la fuga de un interno con antecedentes penales, ha vuelto a plantear dudas sobre la forma en la que se rigen este tipo de espacios, así como su verdadera utilidad. Estas son las claves del funcionamiento de los CIE:

En 1985, la Ley de Extranjería posibilitó la detención y privación de libertad de ciudadanos extranjeros residentes en España que no tuvieran papeles. Eso sí, los locales destinados para tal uso no debían tener un "carácter penitenciario".

En España hay nueve, tres de ellos en Canarias. En Madrid solo hay uno, y se ubica en el hospital penitenciario de la antigua cárcel de Carabanchel. Se trasladó allí desde Moratalaz, en 2005, en medio de un fuerte rechazo vecinal. "El resto de la cárcel se derribó, y ahora la utilizan para encarcelar a personas de forma injusta, igual que ocurría antes con los presos políticos", explica Pedro Casas, presidente de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto.

Sirve de centro de detención temporal de inmigrantes sin permiso de residencia en España. En su interior conviven extranjeros cuya única falta es no tener papeles con delincuentes comunes, también foráneos, con varias causas abiertas. La mayoría de los detenidos son de origen subsahariano, marroquíes o sudamericanos. Los internos permanecen un máximo de 60 días en este espacio hasta que son deportados. Lo normal es que estén unas cinco semanas.

Solo el 53% de los extranjeros son devueltos a sus países de origen, según la ONG Pueblos Unidos (el Estado no da datos a este respecto). "Es algo habitual. Normalmente se trata de gente indocumentada de la que no se puede determinar su nacionalidad. Otras veces, sus países no tienen convenios de repatriación con España. Muchos de ellos también tienen causas penales aquí y no se les puede expulsar mientras esperan por el juicio", explica Marcelo Belgrano, jefe de los Servicios de Orientación Jurídica de Extranjeros en el CIE de Aluche.

Hace dos años se creó la figura de los jueces de control de internamientos del CIE de Madrid. Suyos fueron los informes que denunciaron el "hacinamiento" y la pésimas condiciones de vida de los internos y la falta de un reglamento específico que regule estos centros.

El de Aluche tiene capacidad para 280 personas repartidas en cuatro módulos, tres para hombres y uno para mujeres, en habitaciones de ocho y seis camas-literas. Los cuartos carecen de baño y por las noches los internos deben pedir permiso a un guardia para ir al aseo. La comunicación con el exterior está muy limitada. Solo hay una línea de teléfono para llamadas entrantes, que está casi todo el día ocupada, y las visitas de familiares o conocidos están muy restringidas.

La ONG Pueblos Unidos emitió hace varias semanas un informe donde se señalaban los múltiples maltratos físicos y humillaciones que sufren los detenidos. "En la práctica es como si se tratara de una cárcel", dicen. En diciembre, la muerte de una mujer congoleña por una meningitis desveló que al espacio le falta una enfermería donde los internos enfermos puedan estar aislados de los sanos. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a acabar con las situaciones de hacinamiento.

Según el Ministerio del Interior, la ocupación media de los CIE en España en 2011 fue del 67,3%, año en el que se produjeron 13.241 ingresos. Mantener los nueve CIE del país supone 8,3 millones de euros al año. Cada día que un extranjero sin papeles espera en un centro para su expulsión cuesta 17 euros. El desplazamiento tiene un coste medio de 1.800 euros.