La Fiscalía de Tarragona ha pedido más información al Ayuntamiento de Rasquera sobre el proyecto de plantar marihuana a gran escala para abastecer a un club de fumadores barcelonés con 5.000 socios y está ultimando las diligencias informativas.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, ha explicado que, entre otras informaciones, han requerido al consistorio que aclare si la administración competente para autorizar un cultivo de marihuana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), les ha dado su aprobación.

El fiscal, que está pendiente de resolver las diligencias informativas que abrió tras conocer el caso, ya ha recibido del Ayuntamiento una copia del expediente administrativo y una copia de la resolución, aunque para tomar una decisión necesita más datos del proyecto.

Uno de los principales escollos que a priori presenta el plan municipal es la dimensión de la plantación, que irá destinada a proporcionar cannabis a 5.000 personas: "Es uno de los elementos a tener en cuenta", ha puntualizado.

Una plantación de estas dimensiones dificultaría una de las condiciones básicas que expuso la Fiscalía para que fuera legal: que no permita el acceso a terceros y que la producción se circunscriba al consumo del club de fumadores.

En una intervención en la Comisión de Justicia del Parlament, Jou ya avanzó que el consumo colectivo de cannabis no es delito mientras no haya riesgos para terceras personas.

Según él, la legalidad depende de que el consumo sea para un grupo reducido, de que se realice en un lugar cerrado, de que se asegure que las sustancias no sean consumidas por personas adictas y de que el consumo sea inmediato.

Decisión independiente del referéndum

Según Jou, su decisión sobre el proyecto no tendrá en cuenta el resultado del referéndum en el que los rasqueranos votaron 'sí' sobre la plantación de marihuana en terrenos del municipio con un 56,3% de los votos favorables —308— frente a un 43,7% negativos —239— y un 1,28 de nulos —7.

Su análisis, que prevé pueda estar concluido en las próximas semanas, dilucidará solamente si esta plantación es legal teniendo en cuenta el Código Penal y la jurisprudencia previa.

Ha recordado el caso de Montbrió del Camp, en el que una asociación cannábica sembró 200 plantas y fue absuelta en 1996 por la Audiencia de Tarragona, aunque el Tribunal Supremo la condenó el año siguiente, después de que el fiscal del caso recurriera, porque entendió que se trataba de un delito contra la salud pública "con peligro abstracto" porque era un cultivo exterior sin control al acceso.

Paralelamente, el Gobierno ha analizado la viabilidad del proyecto y el 30 de marzo la Abogacía del Estado en Tarragona presentó un recurso contra los acuerdos adoptados por el pleno municipal de Rasquera el 29 de febrero ante un juzgado contencioso administrativo que ha sido admitido a trámite, han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

La Delegación solicitó las actas del pleno en que se aprobó el plan anticrisis que contempla la plantación y las remitió a la Abogacía del Estado, que ha decidido presentar un recurso, según publica ABC.