El plan para vigilar las comunicaciones crea tensión en el Gobierno británico

El plan británico para vigilar correos electrónicos y llamadas abrió este martes una brecha en el Gobierno de coalición entre liberaldemócratas y conservadores después de que el viceprimer ministro, Nick Clegg, negara haber participado en la elaboración del proyecto.

El primer ministro, el conservador David Cameron, afirmó que Clegg estaba "en la mesa" durante las reuniones en las que se establecieron las líneas maestras de un proyecto para que las fuerzas de seguridad tengan acceso directo a información sobre las comunicaciones de los ciudadanos, pero el viceprimer ministro negó responsabilidad en ese plan.

Cameron señaló durante una gira por Asia que los liberaldemócratas y laboristas que han criticado el plan para monitorizar llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto deben ser "pacientes" y esperar a la versión final que elabore el Ejecutivo.

El primer ministro reclamó además cautela antes de pronunciarse en contra del proyecto para celebrar a puerta cerrada determinados juicios que afecten a la seguridad nacional, una idea que también amenaza con crear división en el Gobierno británico de coalición. "Creo que todos deben ser pacientes. Tienen que ver cuáles son las propuestas finales, tanto en materia judicial como en la cuestión de las llamadas y los correos", dijo Cameron.

Tras conocerse el pasado 1 de abril los planes del Ministerio de Interior británico sobre el acceso a información de comunicaciones, Clegg señaló que el Reino Unido debe "actualizar los poderes de las fuerzas de seguridad" para combatir el terrorismo, si bien subrayó que no permitirá que el Gobierno cometa "errores" en materia de privacidad y derechos civiles.

En cuanto al proyecto de celebrar juicios a puerta cerrada, Clegg dirigió una carta al Consejo Nacional de Seguridad del Reino Unido en la que señalaba que deben ser los jueces, y no los ministros, quienes decidan si una vista debe ser pública.

Las críticas de Clegg al proyecto del Gobierno se produjeron después de que el ministro de Justicia, Kenneth Clarke, se mostrara a favor de que algunos juicios no sean públicos debido a que algunas pruebas presentadas ante los tribunales británicos proceden de material "delicado" facilitado por agencias de inteligencia.