El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha defendido que en el Ayuntamiento "se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.
Cámara ha hecho estas declaraciones ante la información aparecida en el diario 'La Opinión', que apunta que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia tiene previsto imputarle en los próximos días en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.
Cabe recordar que esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.
Respecto a esta información, Cámara dice estar "muy tranquilo, con la confianza que da saber que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento se han tomado siempre con transparencia y publicidad, disponiendo de los informes favorables de los funcionarios municipales y buscando en todo momento el interés general".
En este sentido, Cámara defiende que su participación en la tramitación de los expedientes administrativos, "al igual que sucede con el resto de concejales, responde exactamente a la establecida en la Ley".
"He firmado los acuerdos de los órganos colegiados, bien sea el Pleno o la Junta de Gobierno, y siempre con los informes técnicos y jurídicos favorables. Si no lo hubiera sido así, nunca habría firmado", asevera el primer edil.
Por ello, reitera su "total disponibilidad" para "cuanta aclaración" se le pueda solicitar, y ofrece su "disposición a prestar nuestra colaboración, como hemos hecho desde que presido el Ayuntamiento".
"Los murcianos podemos estar tranquilos porque desde el Ayuntamiento de Murcia, con el Gobierno del Partido Popular, se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general", ha concluido.
Operación umbra
La operación Umbra comenzó el pasado 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.
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