El que fuera administrador único de la inmobiliaria Pasa S.L, F.P.L, condenado a cinco años de cárcel como autor de un delito continuado de estafa cometido entre los años 1999 y 2000 en los barrios de Delicias y San Isidro, al percibir de una veintena de clientes más de medio millón de euros que no fueron destinados a la construcción de las viviendas prometidas sino a tapar agujeros de la mercantil, ha ingresado finalmente en prisión.

Su reciente entrada en la cárcel se produjo tras ver denegado el indulto solicitado al Gobierno y después de que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, tribunal sentenciador, rechazara también la suspensión de la ejecución de la condena que el reo había fundamentado en el hecho de padecer una enfermedad incurable, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El constructor sí logró que el Tribunal Supremo rebajara de seis a cinco años de cárcel la pena impuesta por la Sala vallisoletana, que aplicó aplicó igualmente una reducción a su colaborador e intermediario mobiliario, L.A.H.F, que fue condenado a cuatro años como cooperador necesario y que vio cómo la pena quedó reducida a tres años y dos meses, al dejar sin efecto el TS, en ambos casos, la agravante de que sus víctimas tenían previsto comprar las viviendas como primera residencia.

Lo que no varió fue el capítulo indemnizatorio, con lo que el constructor deberá indemnizar a las víctimas con más de 500.000 euros, cantidades de las que, subsidiariamente, habrán de responder la inmobiliaria Pasa S.L. y el otro condenado.

Durante el juicio, el constructor se declaró inocente y responsabilizó de todo a su entonces abogado, Juan Manuel M.H, del que aseguró que tenía plenos poderes y llevó directa y personalmente ambos proyectos cuando él cayó enfermo y quedó imposibilitado durante dos o tres años en casa con una parálisis.

Sin embargo, el aludido, que llegó a compartir inicialmente banquillo con los ahora condenados acusado de revelación de secreto, quedó libre de cargos el primer día del juicio al prosperar la petición formulada por su representante legal, quien alegó vulneración del principio acusatorio.

Los hechos atribuidos al constructor F.P.L. y al otro condenado, L.A.H.F, se remontan al año 1999, fecha en la que el primero, ante la difícil situación económica de su empresa inmobiliaria, pues tenía importantes deudas con la Seguridad Social, Hacienda Pública, trabajadores y diversos proveedores, optó por planificar nuevas promociones con el fin de dedicar el dinero de los adelantos de los adquirientes de las mismas a pagar los débitos contraídos, pese a que sabía que con este método tarde o temprano sería inviable finalizar las obras promocionadas.

Así, el 26 de octubre de 1999 adquirió un solar en la calle San José de Calasanz, número 13, en el barrio de Delicias, y puso a la venta la promoción de siete viviendas y veinte plazas de garaje que fue vendiendo hasta marzo de 2001 a diversos compradores, los cuales dieron una cantidad como entrada, firmando la mayoría de ellos letras de cambio por otros importes y dejando una parte final como hipoteca.

Solar embargado y subastado

Sin embargo, el acusado dedicó el dinero recibido al pago de deudas anteriores. Al no pagar a los proveedores ni a los encargados y responsables de la obra, ésta quedó paralizada cuando sólo se había llegado al nivel del suelo. Finalmente, el solar fue embargado y los dieciséis clientes no pudieron recuperar las cantidades entregadas, en total 424.136 euros.

Además, en mayo de 2000 el constructor hizo lo propio con otra promoción en el Pago de la Cañada de Fuente Amarga, en el barrio de San Isidro, en la cual iba a construir supuestamente seis adosados y dieciocho plazas de garaje. Vendió algunos cobrando en metálico y en letras de cambio, en total 143.722 euros a tres compradores, aunque ni siquiera llegó a iniciar la obra.

El Ministerio Fiscal había pedido para el constructor siete años de cárcel, multa de 9.000 euros e inhabilitación para cualquier actividad relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria, y cuatro años y multa de 7.200 euros para el segundo como cooperador necesario, junto con indemnizaciones por importe de 570.000 euros.

La acusación particular, en representación de la veintena de afectados, había solicitado seis años de prisión y multa de 16.200 euros para cada uno de ellos por el delito continuado de estafa y las correspondientes indemnizaciones.