Para Amnistía, es muy preocupante que con la ley en la mano, la orden de protección que dictan los jueces sea imprescindible para que las maltratadas puedan tener acceso a los recursos básicos, como las ayudas económicas. En 2005, 73.000 mujeres denunciaron violencia de género, aunque sólo 47.616 obtuvieron una orden de protección. «¿Qué pasa entonces con las mujeres a las que se les deniega?», se pregunta AI.
Un año de ley de género no frena las muertes
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