El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska impuso la noche del miércoles libertad bajo fianza para Aguirre y fijó un plazo de 72 horas para efectuar el pago, dentro de la investigación del aparato de financiación de la banda y de si la ejecutiva del PNV tenía conocimiento de los pagos a ETA por parte de empresarios vascos y navarros.
Según fuentes nacionalistas, a primera hora de la mañana un representante legal del PNV depositó 30.000 euros en una entidad bancaria de Bilbao.
Aguirre tendrá que comparecer semanalmente ante la Ertzaintza y no puede salir del territorio nacional sin autorización judicial, dijeron fuentes judiciales.
El dirigente del PNV efectuó su declaración del miércoles ante Grande-Marlaska en Bilbao, ya que está convaleciente de una reciente operación, arropado por la plana mayor de la formación nacionalista.
El martes, el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz declaró también como testigo y negó ante el juez que su partido haya animado a los empresarios a pagar a ETA. Señaló que a los integrantes de su formación se les advertía de que esto era un 'motivo de expulsión', en un día en el que fueron detenidos otros dos presuntos miembros de la banda.
Las actuaciones de Grande-Marlaska han despertado duras críticas en las filas nacionalistas.
El diario El País informó el viernes de que un miembro de la red de financiación de ETA desarticulada la semana pasada en España y Francia contactó con Aguirre para comunicarle que se había ordenado no enviar más cartas de extorsión tras el alto el fuego.
Según ese diario, se pidió al dirigente peneuvista que informara de si sabía de la recepción de nuevas misivas por parte de empresarios.
Dentro de la misma investigación, el juez dejó el lunes en libertad a los dos empresarios navarros detenidos el pasado viernes por el presunto pago del denominado 'impuesto revolucionario', ya que la Fiscalía no pidió medidas cautelares contra ellos.
Los empresarios navarros Javier Azpiroz y Juan María Saralegui fueron detenidos a raíz de la operación llevada a cabo la pasada semana contra el aparato de financiación de la banda armada, en la que fueron detenidas 12 personas y que, según el Ministerio del Interior, llevaba 20 años funcionando.
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